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Pioquinto Damián Huato siente temor. Su voz denota cansancio, pero es firme cuando asegura: "Yo no salgo". Al otro lado de la línea telefónica, el dirigente de la Canaco en Chilpancingo resume de esa manera por qué no participó en la marcha por la paz convocada por empresarios en la capital guerrerense.

Parapetado en su casa, con policías estatales y federales, comenta que el atentado que sufrió fue algo "muy fuerte y espero que no me los quiten", en referencia a sus escoltas.

Sin embargo, refrenda que la lucha por la seguridad continuará, así como su respaldo a las guardias comunitarias. Además, insiste en su exigencia para que se esclarezca el atentado, en el que perdió la vida su nuera y su hijo resultó herido; él y su esposa no sufrieron lesiones, comenta.

En entrevista con EL UNIVERSAL, señala que en Guerrero se requiere de un comisionado especial nombrado por el gobierno federal, como ocurrió en Michoacán, para garantizar el orden.

Defiende que la iniciativa privada en el municipio no financia a las policías civiles, pero los apoyan por la "desesperación", pues asegura que el crimen organizado "ha copado" todos los espacios.

Incluso, revela que al principio exigían un millón de pesos, 500 mil o 200 mil para no secuestrar a los propietarios de los negocios de un día para otro, y si decían que no podían reunir esa cantidad la respuesta era: "No te estoy preguntando si tienes, mañana venimos".

Después, narró, el cobro por el derecho de piso se institucionalizó y los delincuentes impusieron cobros de 3 mil 500 a 5 mil pesos, según la ubicación del negocio.

Todo eso inició hace un año, asegura, con el cambio de gobierno. En ese lapso, detalla, se han registrado 84 secuestros, 64 negocios cerraron, 60 familias huyeron de la cabecera municipal y se han perdido unos 600 empleos.

Damián Huato considera que las guardias comunitarias han dado resultados, mientras que el gobierno municipal no, y descarta que estos grupos se puedan convertir en paramilitares, pues su participación es parte de las tradiciones de las comunidades de Guerrero. "Es una gran responsabilidad, un alto honor, ser comandante de la policía comunitaria".

El dirigente empresarial no tiene problemas para expresar sus sentimientos y cuenta cómo ocurrió el ataque, mientras insiste en que se debe investigar al presidente municipal, Mario Moreno.

"Yo estuve con él (el alcalde) a las 7:05 de la tarde en la asamblea de El Ocotito, y ahí miles le reclaman los resultados; Mario es cuestionado, antes que yo, por todos los operadores y le señalan que es incompetente, que es esto, que es lo otro y le reclaman, y cada vez que él habla lo abuchean.

"Entonces, tomo la palabra yo -cuando lo vinculó con el crimen organizado- y como me veo rodeado por la gente de Mario, empecé a temer por mi vida. Termino mi participación, me subo a mi camioneta y trato de salir rápido, sin que terminara el mitin, temiendo por mi vida, y una hora después me atacaron cobardemente".

El empresario, filósofo y político considera que desde 2013, cuando inició la gestión de Mario Moreno, los problemas se agudizaron, por lo que tuvieron varias reuniones con las autoridades, pero finalmente el diálogo se rompió cuando no vieron resultados.

El incremento de la violencia lo vincula con el cambio de poder, de ahí que pide que investiguen al presidente municipal.

"La delincuencia terminó operando en el ayuntamiento, hasta en la Dirección de Gobernación, donde operaba destacado miembro de la delincuencia; apenas lo acaban de sacar", afirma.

¿Cómo pueden comprobar esos vínculos entre el gobierno y crimen de los que habla?

Bueno, porque hay muchos indicios que lo señalan: institucionalizaron los cobros de derecho de piso, creció el comercio informal, tienen control de la feria, el palenque de gallos, el transporte público, y como esos hay muchas cosas, los secuestros, los asesinatos. Seis personas intentaron matarnos; he sufrido dos veces amenazas de muerte y el martes un atentado.

¿Y señala al alcalde?

Estuve con él a las 7:05 en El Ocotito (...) y una hora después me atacaron cobardemente.

¿Los empresarios apoyan económicamente a los guardias comunitarios?

Ya quisiéramos para nosotros dinero. No, de ninguna manera, la economía en Chilpancingo está muy deprimida. No, no, no, es un apoyo por la desesperación.

Nosotros somos muy institucionales, creemos en la ley, creemos en el derecho, creemos en el respeto a la Constitución. Estamos convencidos no sólo de las instituciones, sino que somos aliados naturales del gobierno, el apoyo es porque han funcionado.

¿El modelo de las guardias comunitarias es el adecuado?

Creo en la fuerza del estado, que es la fuerza de los pueblos, lo que pasa es que aquí las policías comunitarias siempre han existido; en cada pueblo se organizan en una comisaría y eligen a un comandante y sus cuerpos. Son totalmente honoríficos; para el pueblo es una gran responsabilidad, es un alto honor ser comandante de la policía.

Las bandas delincuenciales superan a los guaridas y vieron la necesidad, como respuesta, de crecen también, de organizarse, reestructurarse más ampliamente y, lo que yo digo es que somos muy respetuosos de la ley, pero también reivindicamos el derecho a que nuestra vida sea respetada

¿Se corre el riesgo de que se conviertan en grupos paramilitares?

Creo que no, mientras la gente vea el esfuerzo del gobierno, entonces esas policías ya no van a tener razón de ser, de ahí la importancia de que se coordinen con el gobierno federal, como ha pasado en Michoacán, con un comisionado.

¿Haría falta un comisionado en Guerrero?

Honradamente creo puede llegarse a ese momento, a ese espacio.