El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, y las autoridades de la tribu Yaqui firmaron este miércoles el "Acuerdo Vícam", para que la etnia pueda solicitar al gobierno federal la paralización del acueducto Independencia.

López Valdez se comprometió en el convenio a gestionar audiencias ante instancias federales para que la tribu solicite la detención del acueducto que trae agua a la capital sonorense, procedente de la presa El Novillo.

Por su parte, la tribu dio su palabra de flexibilizar el bloqueo, que desde hace más de seis meses lleva a cabo a la carretera Federal 15, en la población de Vícam, al sur de Guaymas.

El vocero del grupo Yaqui, Tomás Rojo Valencia, informó que el acuerdo fue firmado la tarde de este miércoles en uno de los hangares del aeropuerto internacional de Ciudad Obregón.

Indicó que López Valdez está preocupado por la movilización de la producción agrícola de Sinaloa, que en estos días ingresa a su etapa de transportación rumbo a Estados Unidos.

Por ello, el mandatario pidió a la tribu que permitiera el paso de esas mercancías a cambio de gestionar audiencias para los Yaquis ante instancias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República.

"Nosotros queremos aprovechar esas audiencias para expresarles nuestros argumentos y pedir que se detenga el robo del agua que se comete con el acueducto", dijo Rojo Valencia.

En la firma del acuerdo estuvo también el presidente municipal de Cajeme, Rogelio Díaz Brown.

Además, los Yaquis se comprometieron en el convenio a interrumpir la circulación únicamente en dos lapsos de dos horas cada día, los cuales serán en los siguientes horarios: 8:00 a 10:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

En protesta por el trasvase de agua mediante el citado conducto hídrico construido por el gobierno de Sonora encabezado por Guillermo Padrés, un grupo de indígenas Yaquis realiza un bloqueo sobre la carretera Federal 15.

Además de la etnia, empresarios y agricultores de Cajeme se oponen al acueducto con el argumento de que les afectará sus cultivos en un mediano plazo.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están pendientes por resolverse al menos tres recursos relacionados a dicha obra, misma que requirió de una inversión -de acuerdo al gobierno de Sonora- de alrededor de 3 mil 800 millones de pesos.

El pasado mes de abril, el acueducto inició operaciones. Está proyectado para trasvasar 75 millones de metros cúbicos al año.

jlr