Los promotores de la UPOEG e integrantes del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), tomaron el control del movimiento que mantienen en la comunidad de El Pericón, por lo que rompieron el diálogo con las autoridades gubernamentales y retuvieron a cinco funcionarios.

Desde hace 36 horas, los pobladores mantienen también retenidos a elementos del Ejército mexicano y un helicóptero de la fuerza aérea mexicana que los abasteció de alimento en el retén de El Pericón, donde se encuentran más de 70 elementos.

El capitán del 48 batallón de infantería de apellido Brown, aprovechó el arribo del helicóptero para retirarse del punto del conflicto, dejando a los elementos que aún mantienen retenidos.

El bloqueo de la carretera estatal Tecoanapa-Tierra Colorada a la altura del kilómetro 52 se registro cuando militares en un retén detuvieron al comandante Garza con cinco armas, cuando iba abordo de su camioneta rumbo a una reunión a Tierra Colorada.

Molestos los pobladores porque no les entregaron sus armas y porque le dieron de comer a los funcionarios, retuvieron al secretario general de gobierno, Jesus Martínez Garnelo; el procurador de justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera; el delegado de la PGR, Salvador Anaya del Carmen; el asesor externo del gobernador Ángel Aguirre, Ernesto Aguirre, y el delegado de la Secretaría de Gobernación, Juan Salgado Brito.

Los cinco funcionarios entraron a un salón de la escuela telesecundaria Juan Escutia para sentarse a comer, donde les ofrecieron caldo de pollo con arroz y tortillas a mano.

El secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, quien encabezaba la comisión para dialogar, les ofreció una reunión mañana miércoles con el gobernador del estado, el jueves una reunión en la Ciudad de México con la subsecretaria de Gobernación y enviar peritos de la PGJE, para indagar las posibles fosas clandestinas e instrumentos de tortura que se encontraron en la zona arqueológica de El Pericón.

Martínez Garnelo les informó a los pobladores y a los elementos de SSCJ que las armas fueron puestas a disposición de la PGR y que se tienen que hacer las gestiones ante esa dependencia para que les sean devueltas.

A pesar del ofrecimiento de dos reuniones con el gobernador del estado Ángel Aguirre y el subsecretario de Gobernación, los pobladores decidieron tomar el control, quedando rebasado por su gente el dirigente de la UPOEG, Bruno Placido.