Miles de personas en Michoacán, entre policías federales, estatales, ministeriales, integrantes de autodefensas y de cárteles de la droga se encuentran armadas. El arsenal en su poder es utilizado en la actualidad, o pronto lo será.

Expertos en temas de seguridad resaltan el riesgo de un estallido social ante los niveles de violencia que se ha alcanzado en la entidad.

A Michoacán están asignados 2 mil 500 soldados en las dos bases militares que se ubican en la zona, aunado a los 3 mil elementos de la Defensa Nacional y la Marina que han enviado para reforzar la seguridad, de mayo a la fecha, así como 2 mil 500 policías federales en lo que va de este año.

Autoridades federales informaron que se volvió a reforzar la seguridad en la entidad en las últimas semanas; sin embargo, explicaron que algunos elementos que arribaron al estado suplirán al personal que llevaba semanas o meses participando en los operativos.

A ellos se suman 3 mil policías estatales y en las 113 alcaldías hay en promedio de 30 a 45 agentes, aunque en algunos ayuntamientos, como Lázaro Cárdenas, hay más de 100, de acuerdo con información del gobierno de Michoacán.

También están armadas las guardias comunitarias, en cuyas filas hay un número indeterminado de integrantes; sólo en 11 localidades de Tierra Caliente, desde Tepalcatepec hasta Chinicuila, hay más de tres mil personas, según Juan Manuel Mireles, uno de los dirigentes de las autodefensas.

Otro número incuantificable de armas está en poder de miembros de los cárteles que se disputan el terreno: Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas.

Michoacán, con dos gobiernos

René Jiménez Ornelas, investigador sobre violencia del Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM, dijo que los enfrentamientos que se suscitaron en días pasados en Apatzingán podrían considerarse un estallido social por el grado de furia que se da en esos encuentros.

“Actualmente, en Michoacán hay dos gobiernos: el del estado y el del crimen organizado, y el segundo a veces tiene más poder que el primero en algunas regiones”, afirmó.

En el caso de las autodefensas, dijo que se organizan porque “no les queda de otra”, aunque señaló que en ocasiones esos mismo grupos están cooptados por el crimen; sin embargo, explicó que es una respuesta de la sociedad civil a la situación de inseguridad que vive.

Elena Azaola, coordinadora de la Red de Especialistas en Seguridad Pública e integrante del Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social (Ciesas) consideró que la violencia en Michoacán ha derivado en un estallido social, ya que hay muestras de inconformidad social frente a las medidas que han tomado las autoridades.

“Hay tantas fuerzas armadas que se vuelve complicado distinguir a los buenos de los malos”, lo que genera más confusión social y alimenta el escenario de confrontación entre varios bandos, dijo.

Aumentan homicidios

Rodrigo Meneses, miembro de estudios jurídicos del Centro de Investigación en Docencia Económica (CIDE), comentó que “la violencia no sólo se está dando en un espacio público, sino también en el seno de la misma población”.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) indican que el segundo delito de mayor predominancia en la entidad, está relacionado con la violencia familiar, con 21% de los ilícitos, señaló.

Indicó que la sociedad michoacana es una población armada que se enfrenta a una autoridad “incapaz de investigar” y eso se puede probar, aseguró, con las cifras que indican que 40% de los homicidios han sido cometidos con armas de fuego y 50% de casos no han sido esclarecidos por las autoridades.

Según estadísticas del SNSP, de enero a septiembre de 2012 se cometieron 303 homicidios dolosos con armas de fuego. En el mismo periodo de este año van 222 asesinatos, con un aumento de 44.5%; en total, el año pasado, en ese lapso, hubo 555 crímenes, este año sumaron 645 hasta septiembre.

Devolver el control

Meneses explicó que el hecho de que las autodefensas y la sociedad civil tomen las armas, es un mecanismo para expresar su descontento ante la falta de eficacia y resultados por parte del gobierno.

Aseguró que la clave para recuperar el control está en aplicar políticas de Estado multisectoriales, que cubran aspectos como educación, salud y cultura, a largo plazo.

Expresó que en otros países como Brasil, se han aplicado una regulación más clara y estricta sobre el manejo de armas, por ejemplo.

Jiménez Ornelas dijo que la estrategia durante el gobierno de Felipe Calderón, que se sigue utilizando hasta la fecha, en la que se detiene a los cabecillas de las bandas, ha probado su ineficiencia. Por ello, consideró, una táctica que ha resultado en otras partes del país es la de hacer investigación policial, “ya que con ello se pueden determinar estructuras económicas y sociales que sostienen a la banda y se puede atacar directamente a eso y no sólo encarcelar al líder del cártel”.

Azaola detalló que es necesario que la sociedad tenga más participación activa y organizada, sin que sean grupos armados, con el fin de restablecer el control del Estado. Consideró que en la medida en que fortifiquen podrán contrarrestar las amenazas del crimen y exigir con mayor firmeza a las autoridades que cumplan con su trabajo.

Acostumbrados a las tanquetas

A más de siete años de implementada la estrategia nacional en Michoacán de combate al crimen organizado, ciudadanos de a pie se han acostumbrado ver tanquetas del Ejército y camiones blindados de los llamados “rinocerontes” de la Policía Federal repletos de efectivos que traen sus armas desenfundas y listas para usarlas.

En Michoacán, todos están armados, excepto “los que nunca han tenido que protegerse”, asevera un alcalde que ha tenido que “encarcelarse” en su municipio, ante la amenaza de muerte que ha recibido del crimen organizado.

En el caso de las autodefensas, Mireles ironiza sobre la situación y afirma: “Estamos armados gracias a Los Caballeros Templarios. Ellos son quienes nos abastecen de armamento. Siempre que los atrapamos, les decomisamos todo: las camionetas que traen y también hasta los cuernos de chivo”.

En abril pasado, el gobierno federal, por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), implementó a petición de la administración estatal una campaña de desarme en varios municipios, entre ellos Morelia, Salvador Escalante y la Huacana, donde confluirían, a decir de las autoridades estatales, la gente de las cuatro regiones para canjear sus armas por tablets, aparatos de cómputo y dinero en efectivo. Algunos, en lugar del canje, pedían permisos para portar armas.

Al final de la campaña, en septiembre pasado, la Defensa Nacional informó que recabó “exitosamente” en Michoacán un total de mil 591 armas; cortas y largas, de diferentes calibres, incluyendo 25 granadas de fragmentación.

En Chinicuila, un hombre joven acompañado de su hijo no mayor de tres años hacía fila en agosto pasado frente a un escritorio desvencijado, donde un militar malhumorado rellenaba formularios en una vieja máquina de escribir.

El sujeto dejaba que su hijo jugará con el rifle que media más que el pequeño. Al preguntarle cuanto quería por entregar una arma como la suya, asombrado por la pregunta contestó que su rifle calibre .22 no se entregaría a nadie ni se canjearía por nada, sino que renovaría únicamente el permiso para poseerlo.

“Este no se va de aquí. Se necesita estar loco para quedarse desarmado”, dijo el hombre.

Para los integrantes de las autodefensas y pobladores de las zonas indígenas de la zona costera, el intento de desarme fue un fracaso porque nadie entregó sus armas, “por propia seguridad”.

“En Michoacán todos están armados y nadie piensa dejar su arma, porque nadie sabe cuándo te van a atacar. Más vale decir ‘aquí murió aquel compadre’ que aquí ‘chingaron a mi compadre’, remata el líder de las guardias comunitarias de Tepalcatepec, Juan Manuel Mireles Malverde.