La presidenta Dilma Rousseff ha anunciado una serie de medidas contra la corrupción tras las masivas manifestaciones del domingo contra los sobornos rampantes en el mayor país de América Latina y han pedido la destitución de la mandataria.

En un discurso trasmitido a todo el país, Rousseff dijo el miércoles que "tenemos el deber y la obligación de combatir la impunidad y la corrupción".

Entre las medidas anunciadas están la penalización de fondos mal habidos para financiar campañas electorales, la incautación de activos a personas culpables de corrupción y la exigencia de que los funcionarios del gobierno no tengan antecedentes penales.

"Este es un paso decisivo para ampliar la capacidad y la autoridad del gobierno para evitar y combatir la corrupción y la impunidad", dijo Rousseff.

Las marchas de protesta del domingo fueron provocadas por la furia popular debido al amplio caso de corrupción en Petrobras, la petrolera estatal brasileña.

En un clima de débil crecimiento económico y de continuado escándalo mediático por la imputación de decenas de políticos en la trama Petrobras, entre ellos el tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, la aprobación del gobierno cayó a mínimos históricos en más de dos décadas.

Sólo el 13 por ciento de los brasileños considera "bueno" al gobierno de Rousseff, mientras un 86 por ciento considera su gestión "mala" o "regular" , cinco meses apenas de ser reelecta por un estrecho margen, según una encuesta publicada hoy por el Instituto Datafolha.

El sondeo, que se publica tres días después de la mayor manifestación contra el Ejecutivo celebrada en el país desde junio de 2013, también refleja el desencanto y hartazgo de la sociedad brasileña con el Legislativo, después de que los presidentes del Congreso, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, estén siendo investigados por su supuesta participación en el escándalo de corrupción de la petrolera Petrobras.

ae