Mientras el gobierno brasileño recibió ayer un nuevo golpe en la causa Petrobras, con la acusación formal de la fiscalía contra el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari Neto, entre otras 27 personas, la presidenta, Dilma Rousseff, ofreció diálogo, “con humildad” tras las multitudinarias marchas en su contra del domingo.

“En las democracias, nosotros respetamos las urnas y respetamos las calles”, dijo la mandataria luego de mantener una reunión con su vicepresidente, Michel Temer y con nueve de sus principales ministros del gabinete, con quienes analizó la situación política de Brasil, justo ayer cuando presidió el acto por los 30 años de democracia en el país.

Rousseff reiteró la posición de su gobierno de “abrirse para dialogar” y adelantó que está lista para “enviar al Congreso un paquete de medidas de combate a la corrupción”.

Tras la reunión con parte de su gabinete, en la que Temer, líder del principal aliado del PT en el Congreso, el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), se pronunció “por mantener la tranquilidad y dialogar”, justo cuando algunos sectores comienzan a pedir un juicio político contra la presidenta, en sintonía con las consignas que se escucharon en las calles el domingo.

En cambio, la presidenta sostuvo que Brasil “es una nación que todos queremos fortalecer. Todos nosotros queremos un lugar en que todos puedan ejercer sus derechos pacíficamente sin que las libertades civiles y políticas se vean amenazadas”.

Pero, mientras en el gobierno los ministros le manifestaron a la presidenta “su preocupación y sorpresa por el tenor de las protestas”, según lo confirmaron fuentes gubernamentales, la fiscalía acusó formalmente a Vaccari Neto y al ex director de Servicios de Petrobras, Renato de Souza Duque, quien fue detenido en la madrugada de ayer, por lavado de dinero, corrupción y asociación ilícita.

La orden de arresto se emitió luego de que los fiscales descubrieran transferencias de cerca de 20 millones de euros entre cuentas que Duque manejaba en Suiza y Mónaco, y depósitos a otras cuentas en bancos de Estados Unidos y Hong Kong. Los montos no serían “compatibles” con los ingresos del ex ejecutivo de Petrobras.

Entre los otros 27 acusados, se encuentran el prestamista Alberto Youssef, quien viene colaborando con la justicia y el ex director de Petrobras, Roberto Costa, acusado de participar del expolio y lavado de dinero de más de 500 millones de dólares de la petrolera estatal, en una investigación que viene pegando de lleno en el gobierno de Rousseff.

En las primeras mediciones tras las protestas, según la socióloga Creuza Soares, de la Unicamp (Universidad de Campinhas), la imagen gubernamental “es la más baja de los últimos 12 años del PT en el gobierno”, mientras la crisis y el descontento que recibió el inicio del segundo gobierno de Rousseff aún están lejos de disiparse. Con información de agencias