Jefes de policía de 27 ciudades de Estados Unidos interpusieron una moción ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas a favor de la legalidad de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración.

La moción "Amicus Curiae" (Amigos de la Corte) se opone a la demanda interpuesta ante esa misma corte por Texas y otros 24 estados que pretenden bloquear la acción ejecutiva de Obama, al considerarla ilegal y anticonstitucional.

La acción ejecutiva, anunciada el pasado 20 de noviembre, protege temporalmente de la deportación a más de cuatro millones de indocumentados y los autoriza a obtener permisos de trabajo por tres años.

Las autoridades policiales, afiliadas a la Asociación de Jefes de Grandes Ciudades, argumentan que la acción ejecutiva "mejorará la seguridad pública mediante el fomento de la cooperación comunitaria con la policía".

Sostienen también que al ofrecer a los inmigrantes indocumentados la oportunidad de tener una identificación segura y verificada, "ayuda a los policías en el desempeño de sus deberes diarios" .

Entre los firmantes figuran Charlie Beck, de la policía de Los Ángeles; Art Acevedo, de Austin; Chris Burbank, de Salt Lake City; Greg Suhr, de San Francisco; Kathleen O'Toole, de Seattle, y Roberto Villaseñor, de Tucson.

Asimismo, aparecen Lupe Valdez, del Condado de Dallas; Adrián García, de Harris, Texas; Tony Estrada, del condado de Santa Cruz, Arizona; Marlin Gusman, de la Parroquia de Nueva Orleans, y John Urquhart, del Condado de King, en Washington.

Esta moción se suma a otras interpuestas en las últimas semanas ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas en Brownsville, a favor y en contra de la demanda de los estados contra la acción ejecutiva, que tienen gobernadores o procuradores republicanos.

En respuesta, 11 estados gobernados por demócratas y el Distrito de Columbia interpusieron otra moción en contra de la demanda, defendiendo la legalidad de la acción ejecutiva.

La demanda es analizada por el juez federal Andrew S. Hanen, a quien los demandantes solicitaron emitir una orden judicial que suspenda los procedimientos de la acción ejecutiva en tanto se resuelve el caso.

Hanen celebró una audiencia al respecto la semana pasada pero no emitió ninguna decisión.

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