El gobierno del presidente Barack Obama se anotó una victoria judicial, luego de la decisión de una magistrada federal de desechar una demanda contra las acciones ejecutivas del presidente en materia migratoria.

La jueza Beryl Howell, designada a la Corte de Distrito de la capital estadounidense por el presidente, determinó el martes por la noche anular la demanda entablada por el polémico alguacil del condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio contra el presidente.

En una primera reacción, la Casa Blanca señaló que la decisión de la magistrada confirma que las acciones ejecutivas del presidente Obama en migración son legales, como lo han establecido tanto el Departamento de Justicia como expertos en temas legales.

"La Suprema Corte y el Congreso dejaron claro que los funcionarios federales pueden definir prioridades para hacer cumplir nuestras leyes migratorias" , indicó el portavoz de la Casa Blanca, Eric Shultz.

El vocero de la residencia ejecutiva señaló que las acciones anunciadas por el presidente son consistentes con aquellos pasos tomados por administraciones de ambos partidos durante el último medio siglo.

Arpaio, investigado por casos de presunta discriminación contra hispanos, buscaba detener la implementación de la nueva versión ampliada del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) , anunciado por el presidente el pasado 20 de noviembre.

Asimismo buscaba frenar el nuevo Programa de Acción Diferida para Adultos (DAPA) con hijos que son ciudadanos estadunidenses o residentes legales permanentes, bajo el argumento de que ambos representan una carga desproporcional a su Departamento de policía.

La semana pasada otro juez federal dictaminó inconstitucional la acción administrativa del presidente Barack Obama que evitaría la deportación de alrededor de cinco millones de indocumentados.

En el primer fallo legal en contra el alivio migratorio anunciado por el presidente, el magistrado Arthur Schwab de una corte distrital en Pensilvania sostuvo que la orden ejecutiva violó la separación de poderes consagrada en la Constitución de Estados Unidos.

El caso abordado por Schwab involucró al hondureño Elionardo Juárez Escobar, quien fue arrestado por el Departamento de Seguridad Interna (DHS) por volver a entrar a Estados Unidos de manera ilegal después de haber sido deportado.

Una coalición de 24 estados, encabezados por Texas, ha interpuesto demandas en contra de la acción de alivio migratoria que beneficiaría en su mayoría a inmigrantes indocumentados mexicanos. Expertos esperan que los casos lleguen eventualmente a la Corte Suprema.

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