Washington.— En los últimos días de 2014, el presidente Barack Obama aprovechó un acto de adhesión en Nashville, una ciudad considerada como la quintaesencia del American way of life, para intentar reconciliar el pasado de Estados Unidos con un presente que nadie hubiera imaginado hace menos de una década.

“Mucha gente cree que Nashville es la capital de la música country y de la barbacoa. Lo que muchos estadounidenses no saben, sin embargo, es que esta ciudad se ha convertido en el sitio donde el crecimiento de la población migrante se ha multiplicado por dos en los últimos diez años”.

Que Obama, el primer presidente de raza negra de EU, haya elegido esta ciudad para hacer la más encendida defensa de sus órdenes ejecutivas que buscan aliviar la situación de hasta 5 millones de inmigrantes indocumentados, habla mucho del cambio de cultura y paisaje en una región del medio oeste donde la batalla de la comunidad inmigrante es de ingrata memoria.

Hace apenas seis años, la guerra contra la población indocumentada que subió desde estados como Arizona, Nuevo México o Texas, desató una intensa campaña del movimiento conservador que llegó a registrar hasta 65 iniciativas de ley para expulsar o impedir el asentamiento de nuevos migrantes en Nashville, que se incrusta en el corazón del denominado cinturón de la biblia.

Obama evidenció la inutillidad de todas esas iniciativas: “Los nuevos nashvillianos son de lugares tan lejanos como Laos, Somalia o Nepal. Pero también de México o Bangladesh”, aseguró el presidente al reconocer que la lucha que han librado estas comunidades no ha sido fácil en un país donde el sistema migratorio hace hoy aguas por todos lados y en donde el temor del hombre blanco a ser desplazado agita los sentimientos de odio y rechazo racista.

“Lo decepcionante de todo esto es que, hace más de año y medio, el Senado aprobó una iniciativa bipartidista que la mayoría republicana en la Cámara de Representantes se ha negado a someter a voto”, lamentó Obama al criticar a los republicanos por una política que sólo apuesta por la persecución, la separación de familias y la expulsión de jóvenes que llegaron con sus padres y que hoy no conocen otro hogar que el que tienen en EU.

El fracaso de una reforma migratoria que el sector más extremista del Partido Republicano compara con una “amnistía para millones de ilegales”, provocó el verano pasado una crisis de refugiados sin precedentes en la frontera de EU: de forma inesperada, una avalancha de hasta 60 mil niños menores de edad y sin compañía tocó a las puertas de EU en busca de asilo. Las imágenes de niños hacinados en los centros de detención en el sector fronterizo de Texas encendieron la mecha de una intensa batalla entre aquellos que exigían a Obama no dar la espalda a menores que llegaron a EU huyendo de la violencia en Centroamérica e intentando reunirse con sus padres.

Pero también agitaron a las bases del extremismo conservador que acusaron al presidente de no ser capaz de asegurar la frontera contra la amenaza de inmigrantes a los que presentaron como “peligrosos agentes de enfermedades” o como posibles “aliados de organizaciones terroristas” dispuestas a atacar a EU.

Casi seis meses después de esta crisis, las aguas han vuelto a su cauce. Mientras que en el verano la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reportó la cifra récord de 60 mil aprehensiones de menores no acompañados, en octubre fue de dos mil 500.

Sin embargo, la crisis evidenció la necesidad de impulsar la reforma migratoria. Y ante la negativa republicana, Obama se vio en la necesidad de recurrir a una batería de órdenes ejecutivas que le han permitido cumplir a medias la promesa de una reforma migratoria que ofreció desde su campaña a la presidencia en 2008.

Estas medidas, que ya han sido atacadas por el liderazgo republicano, se convertirán en el inicio de 2015 en la madre de todas las batallas, con los conservadores intentando enjuiciar a Obama por presunto abuso de poder.

“El presidente Obama no es un rey. Con sus órdenes ejecutivas ha violado la ley”, aseguró el senador republican, Rand Paul, que este mismo mes introdujo una iniciativa para tratar de revocar las órdenes ejecutivas anunciadas por Obama.

“La Constitución es muy clara en este sentido. El poder legislativo reside en el Congreso”, añadió Paul, considerado un firme aspirante a la nominación del Partido Republicano a la presidencia en 2016.

Expertos en leyes y derecho constitucional creen que la iniciativa de Paul tendrá una incierta andadura, ya que los poderes del presidente en lo que toca a las órdenes ejecutivas son ampliamente discrecionales.

Pero además, con esa postura, los republicanos se exponen al repudio de la comunidad hispana, que jugará un papel crucial en las presidenciales del 2016 —con sus casi 28 millones de electores—.

Por otro lado, el gobierno se cuidó de protegerse bien. Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron a EL UNIVERSAL que durante varios meses, un equipo de expertos en leyes encabezado por el secretario Jeh Johnson, se dio a la tarea de confeccionar el andamiaje legal detrás de unas órdenes ejecutivas que sólo podrían ser revocadas por el sucesor de Obama.

Plan de seguridad. Al mismo tiempo, Johnson se dio a la tarea de reforzar un plan de seguridad para la frontera sur de EU con México con el fin de blindar el principal punto de ataque de los republicanos tras la puesta en marcha de las órdenes ejecutivas que serán defendidas por los demócratas y por ese ejército de organizaciones defensoras de la comunidad migrante con uñas y dientes.

Este mismo mes, Johnson dio a conocer desde la fronteriza ciudad de Dallas, en Texas, un “Plan Unificado de Campaña en la frontera sur para utilizar de forma estratégica y coordinada los activos y el personal de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE)”. El objetivo explícito de este nuevo plan, será el de reforzar la tarea conjunta de todas y cada una de las agencias federales para robustecer la seguridad fronteriza. El implícito, será el de contrarrestar la ofensiva que ya prepara el Partido Republicano para utilizar la seguridad fronteriza como ariete contra las órdenes ejecutivas de Obama en el inicio de 2015.