Una mexicana que alega que su detención durante cinco días en una oficina federal de inmigración fue un arresto ilegal entabló este jueves una demanda que impugna el cumplimiento de la controversial ley de inmigración de Arizona.

Los que se oponen a la ley, aprobada en 2010, ya han presentado demandas que cuestionaron la constitucionalidad de sus cláusulas, pero la demanda interpuesta hoy por María del Rosario Cortés Camacho es un nuevo tipo de impugnación que alega infracciones constitucionales en la manera como una entidad policial hace cumplir la ley.

Cortés, una víctima de violencia familiar que solicitó una visa que le permitiera permanecer en Estados Unidos para asistir a las autoridades federales en el caso, alegó que dos agentes de la policía del condado Pinal prolongaron sin razón una detención de tráfico en septiembre de 2012 que se debió a que el parabrisas de su vehículo tenía una fisura. También acusa a los agentes de hacer un arresto ilegal al llevarla esposada a una oficina de la Patrulla Fronteriza a unos 20 kilómetros (13 millas) , donde estuvo detenida cinco días.

"Nuestros agentes tomaron exactamente las medidas que les exige la ley" , dijo en un comunicado Paul Babeu, jefe de la policía del condado Pinal.

En las otras demandas contra la ley, los críticos dijeron que los hispanos en Arizona enfrentarían medidas sistemáticas de encasillamiento racial si se hacía cumplir el estatuto, y alegaron que el estado interfería las leyes federales de inmigración.

La Corte Suprema avaló la cláusula más contenciosa de la ley de inmigración de Arizona, la exigencia de que la policía, al hacer cumplir otras leyes, pregunte el estatus migratorio de personas que sospeche que están en el país ilegalmente. Pero los tribunales han echado abajo o prohibido el cumplimiento de otras partes de la ley, llamada SB1070, como la exigencia de que los extranjeros porten documentos migratorios.

Aunque el caso de Cortés es la primera impugnación basada en el cumplimiento de la ley, varias denuncias jurídicas que sirven de precursores se han presentado en Tucson y el sur de Tucson, que alegan violaciones en cómo se hace cumplir la ley.

Cortés fue detenida en Eloy, unos 104 kilómetros (65 millas) al sureste de Phoenix, mientras conducía a su casa, y dijo a los agentes que había solicitado la visa, pero el policía no quiso mirar la solicitud, según la demanda. La multaron por tener el parabrisas quebrado, conducir sin licencia y no tener seguro. Cortés fue llevada a una oficina de la Patrulla Fronteriza en la cercana Casa Grande.

La demanda alega que los agentes infringieron su derecho protegido por la Cuarta Enmienda de la Constitución de no ser objeto de registros sin causa al prolongar el tiempo de su detención de tráfico después que el propósito original de la detención se cumplió. Cortés alega que la detención se prolongó por su estatus inmigratorio.

Dan Pochoda, director de asuntos jurídicos de la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona, organización que presentó la demanda, dijo que los agentes no comprendieron que por lo general no es un delito que un inmigrante no autorizado permanezca en el país, de manera que la idea de los agentes de que estaba en Estados Unidos ilegalmente no era una justificación constitucional para detenerla.

"Decir que la SB1070 me obligó a hacerlo (a detener a Cortés) alimenta las peores prácticas policiales en algunos" , dijo Pochoda.

Babeu dijo que Cortés reconoció que no era ciudadana estadounidense, la multaron por las infracciones de tránsito y como parte de la ley estatal de inmigración fue trasladada a una oficina federal de inmigración para que las autoridades pudieran determinar su estatus inmigratorio.

Cortés, quien no alegó en la demanda haber sido víctima de encasillamiento racial, ha solicitado un compensación no especificada por daños y perjuicios.

ahd