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El 4 de octubre de 2012, la empresa editorial Benchmark Education Company vendió a la Biblioteca Online S. de R.L de C.V bases de libros digitales en 5 millones 38 mil pesos (380 mil dólares), ésta las facturó a la empresa Impactel S. A de C.V. por 18 millones 655 mil pesos; y está a su vez las vendió a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) por 52 millones 250 mil pesos. Finalmente la UAEM le facturó a Conaculta las mismas bases de datos por 55 millones de pesos, lo que representa un sobreprecio de 49 millones 961 mil pesos o 991.6%.

En un segundo caso, un acervo digital se vendió inicialmente por 7 millones 364 mil 70 pesos, luego fue recomprada por tres intermediarios más y Conaculta finalmente acabó pagando 53 millones 591 mil 60 pesos de recursos públicos. Aquí el sobreprecio representó 46 millones 226 mil 90 pesos pagados por los contribuyentes, es decir, ese acervo digital le costó a Conaculta siete veces más que el precio original.

Este par de ejemplos son citados en los resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 presentada ayer por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre el caso concreto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), que en 2012 firmó numerosos convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y tecnológica (FONDICT-UAEM) para la digitalización de materiales y compra de acervos digitales.

El resolutivo del dictamen es negativo y entre las acciones propuestas por la ASF están cuatro denuncias de hechos y dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. La auditoría número 406 denominada “Contratos suscritos con la administración pública federal por el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios” señala que Conaculta pagó 422 millones 965 mil pesos al FONDICT-UAEM, pero que el Consejo no acredita “fehacientemente la entrega de los servicios”.

El 11 de enero de 2012, Consuelo Sáizar, entonces presidenta de Conaculta, presentó los “cerebros digitales de palabra, sonido e imagen” y dijo que el trabajo de digitalización estaba a cargo de la Universidad Autónoma del Estado de México para lo cual no hubo una licitación sino adjudicación por “la experiencia de dicha institución y a que sus precios eran más baratos que otros: $5.50 por página digitalizada”.

Entre 2010 y 2011, Conaculta invirtió 93 millones de pesos y aunque la cifra destinada para 2012 no fue precisada, Sáizar dijo entonces: “Será lo que sea necesario”, y se comprometió a que en diciembre de 2012 la digitalización de los acervos estaría al 100%. Hoy ese trabajo de digitalización y conectividad aún no ha sido concluido.

¿Qué se fiscaliza?

El propósito de la ASF es comprobar el cumplimiento de los programas establecidos, la utilización adecuada de los recursos y la obtención de resultados satisfactorios. Las revisiones se determinan con una metodología variable, es decir, se utilizan criterios como factores de riesgo, monto de inversiones de las obras y/o programas, e impacto en la opinión pública, según la Guía para el ciudadano que publica la ASF en su página de Internet.

Si bien las grandes obras de infraestructura cultural de Conaculta, como La Ciudadela, Estudios Churubusco, Cineteca Nacional y Centro Cultural Elena Garro han tenido impacto en la opinión pública, como lo ha documentado EL UNIVERSAL en días recientes, se trata de proyectos no concluidos y, por ello, no han sido revisados aún por la Auditoría, que obedece a esta lógica.

Sin embargo, una auditoría puede iniciarse si legisladores piden realizar un análisis, y/o si el monto de los recursos públicos destinados a una obra o proyecto son muy elevados.

Al evaluar al Conaculta, la ASF se concretó a fiscalizar los así llamados “cerebros digitales”, la tarea que redondeaba el Proyecto Cultural del Siglo XXI, que contemplaba la infraestructura cultural y la creación de plataformas digitales.

La Auditoría concluye que el FONDICT-AUEM subcontrató en forma directa el 100% de los servicios a la empresa Impactel S. A de C.V., cuya sede actual está en Bosques de la Reforma 495, colonia Bosques de las Lomas, a quien le pagó 95% de los 422 millones 965 mil pesos.

El informe determina que en los numerosos convenios con la institución educativa del Estado de México hubo sobreprecios, subcontrataciones y contrataciones a terceros, incumplimiento de contratos, pagos adelantados sin justificación, modificaciones en los contratos y no cumplimiento a la fecha de estos convenios. Estos son algunos de los problemas que señaló la Auditoría respecto a los convenios firmados entre Conaculta y el FONDICTAUEM por servicios de digitalización de miles de imágenes y documentos de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, la Red de Bibliotecas Públicas del Estado de México y de la Biblioteca de México.

La auditoría también analizó la adquisición de bases de acervo digital para 10 mil bibliotecas públicas de Conaculta; cableado para conectividad para la Dirección General de Bibliotecas, la Biblioteca de México, el Centro de la Imagen y el Centro Cultural Helénico, además de otros servicios para el Centro Nacional de las Artes.

La fiscalización a los proyectos que desde el Conaculta encabezaba Luis Jáuregui Nares, coordinador nacional de Tecnología e Innovación, señala que hubo modificaciones a contratos autorizados por el funcionario, pagos a facturas con fechas anteriores a los convenios establecidos entre Conaculta y la Universidad y una serie de subcontraciones a empresas dedicas a la digitalización.