cultura@eluniversal.com.mx

La información publicada ayer en estas páginas sobre los contratos millonarios que recibieron personas cercanas a la ex presidenta del Conaculta, Consuelo Sáizar, por trabajos de asesoría y análisis, fueron ampliamente comentados en redes sociales por lectores, periodistas y promotores culturales.

La publicista Ana María Olabuenaga, el editor Braulio Peralta, la publirrelacionista Lorena Elizabeth Hernández, la comunicóloga Gabriela Warkentin y el fotógrafo Carlos Cisneros son algunos de las personas que firmaron contratos que van de los 175 mil pesos a los 2 millones 212 mil.

La reacción de la mayoría de los usuarios de Facebook y Twitter que comentaron y compartieron la información se centró en discutir sobre si ser contratado por adjudicación directa por una institución pública es legal y se cuestionó la “inmoralidad” al tratarse de profesionales cuyos estrechos vínculos de amistad con la ex funcionaria eran públicos.

El editor Braulio Peralta abrió el debate en Facebook: “¿Es delito ser asesor de Conaculta? Sé que no. Sobre todo sí pagué impuestos por una prestación... Digo”.

El comentario provocó cerca de 100 publicaciones de sus contactos, como el Adriana Morán, quien escribió: “El punto, me parece, son las cantidades de dinero que Sáizar usó a su antojo, por ejemplo, en una licitación directa. Lo cual, como dice una mayoría, es una grosería para el tipo de sueldos que recibe el grueso de los mexicanos por trabajos igual de loables (...)”.

En Twitter, Fernando L. Reséndiz, que en su perfil indica que es consultor independiente, escribió: “ILÍCITO E INMORAL con cargo al erario #Conaculta tuvo asesores ‘totalmente Palacio’”.

En el muro de Facebook de EL UNIVERSAL, los lectores también cuestionaron la contratación de servicios externos para el departamento de Comunicación Social si cada dependencia tiene una área dedicada a esa labor.

Asimismo, cuestionaron los montos y los conceptos de los contratos e invitaron a que se regulara la asesoría de los funcionarios.