La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la perredista Aleida Alavez, impugnó el Informe de la Línea-12 que fue presentado este martes ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En un documento que envió al presidente de la Cámara, el perredista Silvano Aureoles, y al presidente de la Junta de Coordinación Política Manlio Fabio Beltrones, la perredista solicita que este documento se devuelva a la comisión especial para que se ciña a las facultades que le fueron concedidas y no invada otras que son de otros poderes, así como el respeto irrestricto a la garantía de audiencia a que tienen derecho las partes involucradas.

En su documento de 8 cuartillas, la perredista acusa que la Comisión Especial, que encabeza el priísta Marco Antonio Calzada, "invade" la competencia de las comisiones ordinarias al emitir consideraciones, conclusiones y recomendaciones que no son parte de una resolución o dictamen de una comisión constitucional.

Entre los resolutivos de su documento, Alavez dice que las consideraciones de la Comisión de la Línea-12, invaden la competencia del ministerio público en la averiguación previa y del órgano jurisdiccional, toda vez que en las argumentaciones del informe, "se señalan conductas típicas probadas desplegadas por personas en particular, competencia del ministerio público y además criterios jurisprudenciales y/o aislados, que me dan certeza jurídica para la Comisión a una conducta que todavía no ha sido materia de consignación o de proceso penal ante un juez".

Cabe recordar que en el informe se le pide a las autoridades judiciales deslindar las responsabilidades de manera directa en contra de los ex funcionarios: el ex Jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, al ex secretario de Finanzas, Mario Delgado Carrillo y al ex titular de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez.

Además a la PGR le solicita proceda a la integración de las averiguaciones previas correspondientes y, en su caso, consigne a los responsables ante los juzgados penales federales competentes a efecto de que se deslinden las posibles responsabilidades correspondientes de funcionarios públicos y empresas privadas.

Por esto, Aleida dice que de darse credibilidad a este informe se le estaría violando a los imputados sus derechos humanos y de debido proceso ya que no tuvieron la oportunidad de ser oídos y vencidos en un procedimiento parlamentario o penal.

Agrega que de dar certeza a este informe, la Cámara estaría violando el  artículo 13 constitucional al convertirse "en un tribunal especial (...) que juzga o prejuzga a una o varias personas sin el respeto al principio de legalidad y seguridad jurídica establecidos en nuestra constitución como derecho humano y garantía constitucional".

El documento fue entregado este martes por la noche a ambas instancias legislativas.