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Casi nadie las ve, pero todos los días la Ciudad de México recibe a una de ellas cada cinco horas con 50 minutos. Son sombras en la capital que muy pocos notan, que viajan horas en avión o en camión desde sus estados para atravesar las fronteras de la capital, recostarse en una camilla, perder un embarazo y volver a casa.

Es la otra migración que tiene como destino el Distrito Federal, la única entidad del país donde la interrupción voluntaria de un embarazo no lleva a la cárcel, si se hace en las primeras 12 semanas.

Según la base de datos de todos los egresos médicos en hospitales públicos capitalinos, entre enero de 2010 y diciembre de 2012 en el DF se han interrumpido 29 mil 396 embarazos voluntaria o involuntariamente. Y de este total de abortos realizados en tres años, cerca de 15% correspondió a mujeres que viven en el Estado de México.

Nueve de cada 10 son de ahí —donde el Código Penal local establece que si un expediente médico acusa a la mujer de abortar voluntariamente ella merecerá hasta tres años de cárcel— y el resto de los estados aportan las demás migrantes embarazadas.

Son 4.1 mujeres que diariamente llegan al DF, después de hacer maletas, comprar un boleto con viaje de ida —sin saber la fecha exacta de vuelta— y huir del alcance de las leyes de sus estados, donde un expediente médico mal armado puede ponerlas tras las rejas por abortar. Así viajaron a la capital 4 mil 540 mujeres embarazadas en tres años: mil 651 en 2010, mil 530 en 2011 y mil 359 en 2012.

Los registros, proporcionados por la Secretaría de Salud, son un mapa de este tipo de migración que se pierde en una ciudad de 8.8 millones de habitantes: ahí está la mujer que en 2010 viajó desde Tamaulipas para hacerse un aborto en DF, las tres muchachas que en 2011 dejaron Guanajuato para pedir un legrado, las cinco que al año siguiente se trasladaron desde Oaxaca para acabar con su gravidez.

Movidas por el miedo

Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), tiene los datos a la mano: entre 2007 y 2012, 151 mujeres en el país han enfrentado un proceso penal por abortar y 127 han sido sentenciadas y enviadas a prisión.

“Muchas viajan al DF para hacerse un aborto porque las mueve el miedo. Hay ocasiones en que la ley les permite hacerlo, por ejemplo, si el embarazo es por violación… pero hemos visto un incremento de casos en los cuales médicos, enfermeras, paramédicos, trabajadoras sociales dan aviso a la policía y a las mujeres se les ha llegado a acusar de homicidio”, cuenta.

Un dato ofrece Tamés para decir que la ley no funciona: en los últimos cinco años sólo se han otorgado en todo el país 39 autorizaciones de aborto por violación, mientras que las estimaciones de la Secretaría de Salud señalan que cada cinco minutos una mujer es víctima de violencia sexual en México. “Cada vez más, los médicos de los estados se rehúsan a practicar abortos. Ponen pretextos, se declaran incompetentes, exageran los riesgos médicos o dicen que el hospital no está hecho para eso. Obligan a mujeres vulnerables a viajar al DF, la ciudad más cara del país, con miedo y desconocimiento”, dice la activista.

Para ayudar a estas embarazadas migrantes, dos activistas mexicanas y una estadounidense se inspiraron en organizaciones civiles del otro lado del Río Bravo y crearon en 2009 el Fondo MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento), que paga los gastos de quienes viajan a la capital para abortar.

“Esto surgió porque nos parece una injusticia con las mujeres del resto del país, que están en esta situación sólo por no vivir en el DF”, comentó Oriana López, coordinadora del Fondo.

Con cerca de 250 mil pesos cada año —recaudados principalmente en donativos de instituciones y ciudadanos a través de ferias, rifas y hasta conciertos—, ayudan a 400 mujeres de todas las entidades, gracias a un pacto con hospitales del DF donde se practican abortos: cuando una trabajadora social sabe de una migrante nacional embarazada con poco dinero, la canaliza a los apoyos del fondo, que entrega vales de comida, paga cuartos de hotel para quienes deben quedarse más tiempo en la ciudad, reembolsa el costo del pasaje de ida y paga el de regreso. Incluso, han pagado boletos de avión, medicamentos, procedimientos privados y citas sicológicas.

El Fondo MARIA, dice orgullosa, es probable que ya haya salvado alguna vida en provincia, porque las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo no descansan hasta lograrlo, aunque sea en condiciones ilegales e insalubres, lo que genera 47 mil muertes anuales en el mundo.

Pero el fondo podría acabarse el próximo año, y con ello el apoyo a cientos de mujeres, por una iniciativa de ley presentada en la Asamblea Legislativa que impediría a cualquier embarazada de provincia usar el servicio médico de aborto en el DF.

Paladín antiaborto

En su oficina con vista al Zócalo, el asambleísta Orlando Anaya muestra con orgullo la fotografía de un miembro destacado de su partido político, al que admira: El Jefe, Diego Fernández de Cevallos, el candidato presidencial del PAN en 1994 y abogado conservador que, entre otras cosas, es un conocido promotor de iniciativas antiaborto.

En esa trayectoria se mueve Orlando, comunicólogo de 33 años y diputado local en el DF por la vía plurinominal, quien el pasado 10 de octubre presentó una iniciativa que cimbró a varias feministas: pedir una reforma al artículo 58 de la Ley de Salud del DF para prohibir al sistema de salud capitalino practicar un aborto a cualquier embarazada que no viva en la capital.

Su iniciativa, apoyada por su compañero diputado Federico Döring, introduciría este requisito a la ley: “Tener una residencia efectiva de tres años al día de presentar su solicitud si es originaria del Distrito Federal o de cinco años ininterrumpidos para las nacidas en otra entidad, mismos que serán acreditados mediante la presentación de una constancia de residencia expedida por la autoridad competente”.

Cuando mostró su iniciativa en la Asamblea Legislativa, Orlando aseguró que su documento quería impedir que el DF se convirtiera en “la ciudad del turismo médico del aborto”, lo que ofendió a activistas a favor del derecho a una maternidad elegida.

Según sus cálculos, basados en tarifas de las clínicas particulares, el gobierno capitalino gasta entre 55 y 85 millones de pesos anuales para atender a mujeres que no viven en sus 16 delegaciones, en lugar de usar ese dinero para comprar, por ejemplo, 50 mil 440 sillas de ruedas.

“Si el aborto no es legal en Baja California, Oaxaca, Chiapas o en cualquier otro estado tiene su razón de ser; tienen un Congreso que para eso debe legislar, y el que aquí en el Distrito Federal sea legal yo creo que no es un argumento suficiente para que el número de mujeres que sea se practiquen un aborto”, dice.

A su lucha le llama “consigna” y la atiende desde cualquier arista: si no puede impedir que una mujer de provincia aborte en el DF, su equipo de contacto ciudadano refiere a las mujeres que lo han hecho al Instituto para la Rehabilitación de la Mujer y la Familia (IRMA), una asociación de corte conservador en el tema del aborto.

Según varios testimonios encontrados en internet, en IRMA atienden sicológicamente a mujeres que han terminado un embarazo y se les alecciona a no volver a hacerlo por salud mental, un consejo parecido al que da Orlando: mejor entreguen en adopción, no aborten.

Al preguntarle sobre qué tan probable es que su iniciativa prospere en la Asamblea Legislativa, el diputado hace una pausa, pone el rostro serio y luego sonríe: “Yo espero que se apruebe. Ojalá que sí”.

Oriana, al contrario, cambia a un tono de voz severo cuando opina sobre esta propuesta de ley: “La iniciativa está mal porque el costo de un aborto en una clínica de gobierno es menor a lo que el diputado asegura. El cálculo está mal hecho y, aunque estuviera correcto, es una injusticia decirle a alguien: ‘como tú no eres de aquí, no te brindo un servicio de salud’”.

Hay que pensar, dice, en mujeres como Paulina, a quien de no haber tenido la opción de abortar en el DF le hubiera pasado lo que su amiga: un sangrado profuso en la clandestinidad.

Toda una odisea

Cuando Paulina llegó al Centro de Salud T-III “Beatriz Velasco de Alemán”, en la delegación Gustavo A. Madero, para terminar su embarazo, se impresionó: junto a una chica de 12 años esperaban dos menores más, una de Veracruz y otra de Puebla, con los nervios de punta.

Sin un adulto a la vista que las acompañara, habían viajado con la esperanza de un aborto cerca de 316 y 106 kilómetros, una distancia que lucía abismal comparada con la que ella, de 19 años, había recorrido en la madrugada de ese día, desde el Estado de México, para pedir una ficha.

Desconocidas, a las tres las unía el miedo de abortar en sus entidades; la veracruzana y la poblana habían escuchado historias de mujeres que terminaban en sucias cárceles por interrumpir su embarazo voluntariamente, y Paulina, por su lado, esperaba que le permitieran hacer uso del servicio médico y evitar lo que hizo una amiga de su colonia, quien en la ilegalidad del Estado de México tomó una sobredosis de pastillas abortivas que le causó una hemorragia casi mortal.

“Yo lo único que quería era ver por mi seguridad y lo mismo mi pareja. Ya habíamos tomado la decisión, que fue lo más difícil, ahora queríamos conseguir recursos para poder hacer esto. En el Estado de México no hay chances”, cuenta.

En la fila fueron abordadas por mujeres que, les dijeron, rezaban por su alma. Les hablaron de dios, del diablo y de una condena al infierno para las mujeres que asesinan a sus hijos.

“También había un autobús. Antes de que abrieran la clínica, en la fila te decían: ‘te van a pedir un ultrasonido, te lo hacemos aquí’, y había chicas que sí entraban y las convencían para que no abortaran. Algunas no volvieron a la fila”, relata.

A las 8 de la mañana de una mañana de abril, Paulina entró a la clínica y a las 3 de la tarde ya estaba afuera. Al salir, supo que a las dos chicas foráneas las habían atendido rápido porque debían volver antes de que sus papás se enteraran que no habían asistido a clases. “No importa que no seas del DF, incluso te dan preferencia, especialmente si vienes de un estado lejano. Hay mucho apoyo”, dice.

La edad tampoco importa: según los registros, 0.02% de los abortos a embarazadas de provincia fue para menores de 10 años; 10% para jóvenes entre 11 y 17 años; 61.8%, 18 a 29 años; 24%, de 30 a 39 años, y 4%, de 40 a 49 años.

*Este reportaje fue elaborado a partir del Primer Laboratorio de Datos en la Ciudad de México. Diseño de infografía original: Martín Pech (http://codigo.labplc.mx/vistec/salud/)