MADRID.— Abortar en España será más difícil cuando entre en vigor la reforma de la ley del aborto que impulsa el gobierno conservador de Mariano Rajoy y cuyo anteproyecto aprobó el viernes, causando gran revuelo en España.

La norma, más restrictiva que sus antecesoras de 1985 y 2010, deja fuera las malformaciones del feto como supuesto para la interrupción voluntaria del embarazo y convierte el derecho a abortar en un delito que sólo se despenaliza en dos casos: violación y riesgo para la salud física o psíquica de la mujer.

El principal temor de los sectores progresistas es que se disparen los abortos clandestinos y la norma provoque un “éxodo abortivo” sólo apto para mujeres con poder adquisitivo.

Las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo advierten de que aumentará “la morbilidad y mortalidad” de las gestantes que se sometan a una interrupción del embarazo en condiciones poco seguras.

Así lo subrayan también desde el Partido Socialista, el más importante de la oposición en España. “Quien no tenga recursos (para abortar fuera del país) va a pasar a la clandestinidad, al peligro y al miedo”, alertó ayer su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Durante las décadas de los 60 y los 70, en plena dictadura franquista (1939-1975), eran muchas las mujeres que salían de España en un vuelo charter para abortar clandestinamente, con Londres como principal destino.

Hoy, los especialistas alertan de que en caso de un diagnóstico tardío de una patología fetal que no sea mortal, pero sí muy grave, las mujeres tendrán que volver a viajar al extranjero, con el consiguiente riesgo para su salud y un importante coste económico.

Incluso las asociaciones “pro vida” consideran que la nueva ley no reducirá “significativamente” la cifra de abortos en el país. “La mujer que quiera abortar va a poder hacerlo aunque le vaya a costar un poquito más”, explicó la plataforma “Derecho a vivir”.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, puntualizó que en ningún caso la mujer tendrá sanción administrativa o penal por abortar, aunque esté tipificado como tal. La responsabilidad recaerá sobre el médico que lo practique, lo que ha sido criticado por la federación que engloba a las asociaciones defensoras de la sanidad pública en España.

Ruiz Gallardón defiende la ley diciendo que da “más garantías para la mujer” y representa una vuelta al “equilibrio” marcado por la Justicia española en 1985, que legalizó el aborto en caso de violación, peligro para la salud de la gestante y malformaciones en el feto.

Pero la oposición insiste en que la nueva ley es retrógrada y advierte: “La tiraremos”.