Las sentencias de amparo definitivas otorgadas por la justicia federal a los propietarios del predio parque Reforma Social durante la anterior administración del gobierno del Distrito Federal, hacen inviable una expropiación, aseguró el abogado Alberto Woolrich.

El defensor de la familia Cuevas Lascurain, aseguró que éste es un caso juzgado en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su fallo definitivo sobre el litigio.

El abogado habló para Notimex, tras acudir a la Fiscalía Desconcentrada en Miguel Hidalgo, donde se lleva a cabo una investigación, averiguación previa FMH/MH/-5/T-I/02044/13-09, denuncia presentada por la demarcación contra quien resulte responsable, por la gresca entre habitantes de la colonia Reforma Social y trabajadores de una constructora, en el predio ubicado entre Av. Tecamachalco y Sierra Mojada, en la delegación Miguel Hidalgo.

Según Alberto Woolrich existen pruebas, que serán entregadas por sus clientes a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) cuando así lo requieran, que permitirán demostrar que las personas que llegaron esa noche iban a realizar el trabajo para poner la barda, identificados con playera roja, y que no iban armados.

La defensa de los propietarios señaló que el alegato de estos predios inició hace 36 años entre autoridades delegacionales y del gobierno de la ciudad, contra los dueños del predio, la familia Cuevas Lascurain.

De acuerdo con el litigante la SCJN ordenó al gobierno de la ciudad, del entonces gobernador Marcelo Ebrad Casaubón, hacer entrega del predio en mención a los únicos propietarios la familia Cuevas Lascurain.

Documentos entregados a Notimex, describen que el 9 de septiembre, a las 10:00 horas de 2009, el director general de Patrimonio Inmobiliario, Guillermo Guzmán Verduzco, representante de la Oficialía Mayor del Distrito Federal y María de Lourdes Mondragón Casas, en su carácter de albacea de Carlos Francisco del Sagrado Corazón Escobar Cuevas, y en favor de Carlos Cuevas Lascurain, firmaron el documento en el que se hace entrega a estos últimos del terreno en disputa.

En el juicio de Amparo 577/77 y Acumulados, se obligaba al jefe de gobierno del Distrito Federal (Marcelo Ebrard Casaubón), para que un plazo de 24 horas entregara el predio, o de lo contrario se notificaría al Tribunal Colegiado de Circuito, en turno, del desacato.

Como prueba del cumplimiento del gobierno de la ciudad, del entonces mandatario Ebrard Casaubon, se levantó el acta administrativa de entrega-recepción (copia entregada a Notimex) del predio conocido como Parque Reforma Social, y qué legalmente es identificado como sección IV de la Hacienda de los Morales, de la señora Ana Cristina Cuevas Gómez de Escobar, única y universal heredera y albacea de los bienes de Carlos Cuevas Lascurain. Con ello concluía todo conflicto.

El abogado Alberto Woolrich advirtió que sin tener mayores referencias sobre el juicio de Amparo otorgado por la justicia federal para que el predio fuera entregado a los dueños, el jefe delegacional Vítor Hugo Romo, intenta desacatar la orden judicial cuando ya fue caso juzgado e insiste en apoderarse del predio, lo que podría comprometer al propio jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Mencionó que los propietarios del inmueble no están en la negativa de llegar a un acuerdo con las autoridades de la demarcación, pero deberán pagar el costo real del predio para adquirirlo y no los 25 millones de pesos que ofrecen.

jlr