La jefa delegacional de Tlalpan, Maricela Contreras Julián, negó que su administración haya extorsionado a los integrantes de la Asociación Civil Comerciantes Unidos La Esperanza por la cantidad de 5 millones de pesos.

"Estas versiones (son) falsas, estamos valorando la posibilidad de interponer una denuncia por difamación en contra de quien resulte responsable, en relación a estas acusaciones", dijo.

La funcionaria informó que desde la noche del domingo un grupo minoritario de miembros de dicha organización "irrumpió de manera violenta en la entrada del edificio delegacional, pero elementos intramuros de la Policía Auxiliar adscrita a la demarcación les impidieron el acceso".

En al menos tres ocasiones, los manifestantes intentaron ingresar por la fuerza a la delegación, durante la madrugada, sin embargo, los uniformados impidieron su cometido, para lo cual solicitaron el apoyo de refuerzos en el exterior del inmueble, donde los comerciantes permanecían en un plantón conformado por unas 13 casas de campaña y mantas con sus demandas.

La delegada reiteró su postura y aseguró que no permitirá la reinstalación de los comerciantes en las avenidas Acoxpa y Miramontes, Calzada del Hueso, en las inmediaciones del Bazar Pericoapa y la carretera Picacho-Ajusco, de donde fueron retirados por incumplir la normatividad y por queja ciudadana.

Al respecto, la titular de la dirección general de Jurídica y Gobierno delegacional, Miguel Ángel Guerrero López, sugirió a la asociación civil, dirigida por María de los Ángeles Grimaldo, realizar una consulta ciudadana para que los vecinos de esas zonas respondan si quieren o no la presencia de puestos fijos y semifijos en la vía pública.

"Siempre ha habido disposición al diálogo por parte de la delegación, con planteamientos muy claros como la reubicación en otras zonas en donde no haya queja ciudadana y donde se puedan atender todos los ordenamientos aplicables al comercio en vía pública, como lo es Periférico, Prolongación División del Norte, y algunos puntos específicos de la Picacho-Ajusco, pero María Grimaldo no ha aceptado esas propuestas", aseguró.

Guerrero López agregó que en Tlalpan están a favor del comercio en vía pública, "siempre y cuando sea un comercio ordenado que cumpla con las leyes, que no cause focos de infección en cuestiones de salud y que se ajusten a las reglas, que estén regularizados sus pagos".

ADEUDAN 10.8 MILLONES

La jefa delegacional de Tlalpan, Maricela Contreras Julián, dijo que su gobierno siempre ha estado abierto al diálogo, sin embargo, "esta agrupación de comerciantes no se ha querido integrar al proceso de reordenamiento que realiza la delegación y tampoco se han puesto al corriente con los pagos exigidos por el Código Fiscal del Distrito Federal".

En este sentido, el director general de Jurídica y Gobierno delegacional mencionó que la Asociación Civil Comerciantes Unidos La Esperanza tiene un adeudo en impuestos por 10.8 millones de pesos y "la delegación exige que se pongan al corriente, ya que además en su interior persisten una serie de irregularidades".

Detalló que "de los mil 94 agremiados, sólo 770 se encuentran dados de alta en el Sistema de Incorporación del Comercio en Vía Pública; es decir, sólo 324 comerciantes ejercen su actividad sin ningún permiso más que con el aval de Grimaldo, que les cobra por tener ese derecho como parte de su organización".

Según el funcionario, "la molestia de María Grimaldo es que no estamos aceptando la propuesta de que regresen a los espacios que la ciudadanía nos ha pedido liberar y de que no aceptamos sus prebendas como lo hicieron en administraciones pasadas".

Finalmente, la delegada reiteró que no volverán los puestos a la zona de Villa Coapa, porque "la recuperación de espacios públicos es a favor de las y los vecinos de la zona, especialmente de los adultos mayores, quienes ya pueden transitar con mayor seguridad por las calles y avenidas liberadas de puestos fijos y semifijos".

Por lo cual insistió en programar un diálogo entre la delegación y los comerciantes, "ellos están pidiendo la interlocución del diputado Carlos Hernández, un elemento muy adicional que nos extraña, pues desconocemos la razón. Él está pidiendo que les demos oportunidad de trabajar, pero la posición de la delegación es muy firme, no regresan a Acoxpa y Miramontes, no se regresa a Bazar de Pericoapa y no se regresa a Picacho Ajusco porque no se ajustan a los lineamientos en materia de ejercicio en vía pública".

jlr