SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA
Reporte de la Vicepresidencia para México de la Comisión de Libertad de Expresión e Información
(Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz, Vicepresidente
Asamblea Anual. Indianápolis, EU
Octubre de 2005)
En el periodo del último semestre comprendido en este informe se agravó un lamentable ciclo de atentados contra la vida de periodistas mexicanos.
Tres periodistas fueron asesinados. Uno fue secuestrado en abril y permanece desaparecido, por lo que hay fundadas razones para temer por su vida. A esta cifra se le suman otros cinco asesinatos cometidos entre marzo del 2004 y el pasado septiembre, lo que representa el periodo más grave que el país desde que tenemos registro.
De estos nueve casos, en cinco existen evidencias, avaladas por las indagatorias oficiales, para ligar estos crímenes con la delincuencia organizada, en particular con el narcotráfico. En los otros cuatro, la autoridad ha argumentado que los móviles de los atentados caen en el ámbito privado de las víctimas, no en asuntos ligados con la libertad de expresión. Sin embargo, ni las familias, ni el gremio periodístico al que pertenecieron, ni la opinión pública han recibido información fehaciente que permita por ahora descartar en definitiva la hipótesis de que el móvil de los ataques fue el ejercicio de su profesión. La lista completa es la siguiente:
Roberto Mora García, asesinado en marzo de 2004 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Francisco Ortiz Franco, muerto en Tijuana en junio del 2004.
Francisco Arratia Saldierna, asesinado en Tamaulipas en 1º de septiembre de ese mismo año.
Leodegario Aguilera Lucas, reportado como desaparecido en el puerto de Acapulco el 9 de septiembre.
Gregorio Rodríguez Hernández, de Sinaloa, victimado el pasado 28 de noviembre.
Guadalupe García Escamilla, acribillada frente a su trabajo el 5 de abril último, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Raúl Gibb Guerrero, director del periódico ?La Opinión? en Poza Rica, Veracruz, asesinado el 8 de abril.
Jesús Reyes Brambila, muerto el 18 de septiembre en Guadalajara, Jalisco.
Alfredo Jiménez Mota, reportero de ?El Imparcial? de Hermosillo, Sonora, desapareció desde el 2 de abril. Se había destacado por sus coberturas sobre narcotráfico. Al momento de desaparecer contaba con 25 años de edad.
El reiterado reclamo expresado por la SIP y otros sectores sobre estos casos ha dado lugar que la Procuraduría General de la República atraiga bajo control federal las investigaciones sobre cuatro de estos casos, los correspondientes a Francisco Ortiz Franco, Guadalupe García Escamilla, Raúl Gibb Guerrero y Alfredo Jiménez Mota.
A la par de estos ejemplos brutales contra la libertad, la violencia ha impuesto un clima de terror y desaliento en diversas regiones del país, especialmente en la zona norte limítrofe con Estados Unidos. Un conteo independiente iniciado este año por el diario ?El Universal? con casos de ejecuciones atribuidas al narcotráfico superó la cifra de mil muertes de este tipo en menos de nueve meses.
En tal entorno, es posible comprender la forma en que resultan afectadas todas las formas de expresión ciudadana contrarias a esta realidad, especialmente si se considera la ineficacia de la autoridad para frenar este problema.
Amenazas y presiones contra editores y reporteros han derivado en que diversos medios eludan publicar información relativa al narcotráfico, incluso aquella surgida de fuentes oficiales. El estado con mayor número de ejecuciones es Sinaloa, en la costa oeste del país. Ahí, como en la frontera, han surgido múltiples reportes de periodistas que abandonan su oficio e incluso se mudan de ciudad, temiendo por ellos mismos y por sus familias.
Ante tal situación, debo reportar a esta asamblea, con pesar, que un poderoso enemigo nos viene ganando la partida. Ese enemigo es el silencio. El silencio de los buenos ciudadanos, de los que trabajan todos los días en empleos honestos. El silencio de la comunidad. Y lo más grave, el silencio de los periodistas, que al callar ante el horror dejamos que la violencia y sus cómplices triunfen.
Ante este panorama, la SIP ha mostrado una gran actividad y ha sumado su valioso aporte a la tarea de organizar una respuesta consistente por parte de los editores y la sociedad en su conjunto. En el periodo que se reporta, tanto la Presidencia de nuestra organización como la directiva de la Comisión que hoy nos reúne, han manifestado su reclamo ante autoridades mexicanas por diversos acontecimientos surgidos durante el periodo. A esta postura se han sumado otros organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Reporteros sin Fronteras.
Como culminación de ello, el pasado 30 de agosto fue convocado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, un Encuentro de Editores de la Frontera Norte, bajo los auspicios de la propia SIP y los diarios ?El Universal? y ?El Imparcial? de Hermosillo. Editores de 40 periódicos, provenientes de ocho estados del país, se congregaron para discutir sobre el actual estado de cosas y asumir diversos compromisos que en su conjunto, generan una positiva señal de que trabajaremos juntos a favor de la seguridad de los periodistas y de las comunidades a las que servimos. El día previo una delegación especial encabezada por nuestro presidente Alejandro Miró Quesada, sostuvo entrevistas con diversos representantes del Estado mexicano, entre ellos el presidente Vicente Fox, como ha sido detallado en otro espacio de esta asamblea.
Está previsto que a inicios del 2006 celebremos una conferencia internacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una de las ciudades con mayores índices de ataques contra periodistas. La SIP auspiciará este año un taller en Argentina para capacitar a periodistas en coberturas de alto riesgo, y está previsto que asistan trabajadores de la prensa de esta región mexicana. Buscaremos realizar otro encuentro regional en el sur del país, con la misma línea de propósitos.
En este mismo acto entrego un reporte detallado sobre denuncias presentadas en materia de libertad de expresión. La petición que nos han hecho de apelar a la brevedad me impiden darle lectura.
Sólo deseo destacar dos temas importantes. El primero, el relacionado con el periódico ?Noticias? de Oaxaca, que desde noviembre pasado sufre el acoso del gobierno estatal, al que se atribuye alentar un conflicto laboral del diario con un sindicato. El 18 de julio pasado este sindicato cercó las instalaciones del periódico e impuso una huelga. El diario sigue circulando con sumas dificultades, pues es impreso en una ciudad cercana.
En abril pasado, por impulso de diversos actores sociales en México, el Senado de la República aprobó una reforma al Código Penal Federal que le impide al Ministerio Público exigir a los practicantes de diversas profesiones revelar la identidad de sus fuentes de información. Ello representará el establecimiento a nivel federal, del secreto profesional del periodista. Esta ley debe aprobada aún en la Cámara de Diputados.
Reporte México/Anexo 1
Abril 1º. : Se informa que una misión de la SIP revisó los expedientes judiciales de dos periodistas asesinados cuyos casos han sido motivo de resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante el Estado mexicano. Se trata de los casos de Héctor Félix Miranda, de Tijuana, asesinado el 20 de abril de 1988, y de Víctor Manuel Oropeza, de Ciudad Juárez, victimado el 3 de julio de 1991.
Abril 2: Se reporta la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, del diario ?El Imparcial? de Hermosillo, Sonora. Jiménez Mota, se especializaba en temas sobre seguridad pública, específicamente relacionados con el narcotráfico. Su caso ha sido atraído al ámbito federal.
Abril 5: La periodista Guadalupe García Escamilla, radio Estéreo 91, fue atacada a balazos por un sujeto solitario que le disparó en nueve ocasiones. Luego de permanecer once días en terapia intensiva, falleció el 16 de abril. La periodista había denunciado amenazas de muerte vía telefónica. Antes fue incendiado su vehículo. Este caso ha sido atraído al ámbito federal.
Abril 6: La SIP condenó el brutal atentado contra la periodista Guadalupe García Escamilla y la desaparición de otro periodista en Sonora, hechos violentos que se suman a una larga lista de agresiones contra comunicadores en México.
Abril 8: El periodista Raúl Gibb Guerrero, director general del diario La Opinión en Poza Rica, Veracruz, fue victimado por cuatro hombres que le dispararon 15 veces desde dos automóviles, cuando conducía su camioneta. Este caso fue atraído al ámbito federal.
Abril 11: El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gonzalo Marroquín, hace un llamado por los recientes actos de violencia en contra de medios de comunicación y de periodistas acaecidos en nuestro país, hechos que enlutan la libertad de prensa y causan conmoción internacional. Además, solicita un mayor protagonismo del Gobierno Nacional en la investigación y castigo a responsables, considerando que las primeras indagaciones llevan a concluir que los atentados son atribuibles a grupos ilícitos, como narcotraficantes y otros.
Abril 13: El presidente Vicente Fox expresó mediante una carta su ?condena e indignación? por las agresiones cometidas en contra de los profesionales de la información, principalmente en el norte del país. Dijo que su gobierno hace suyos los reclamos planteados por el gremio periodístico por tan lamentables acontecimientos, manifestó su confianza en que se resuelvan estos hechos.
Abril 19: En su informe anual del 19 de abril, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó una evaluación en la cual se han visto incrementados los actos de violencia contra comunicadores sociales en el mundo, y subraya su preocupación por el caso de México.
Abril 28: Directivos y personal del diario vespertino Primera Hora, de Mazatlán, Sinaloa, denunciaron penalmente que tres de sus reporteros que cubren la fuente de policía, José Luis Rodríguez, Juan Escutia y otro no identificado, fueron amenazados de muerte vía telefónica por publicar un reportaje sobre el robo de gasolina en Petróleos Mexicanos y el asesinato de un agente ministerial.
Mayo 11: Un grupo de desconocidos arrojó una bomba molotov contra la camioneta del director editorial del periódico Primera Hora, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Pedro Pérez Natividad.
Mayo 13: La Sociedad Interamericana de Prensa, en escrito enviado al gobernador del estado de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores, manifestó su indignación y preocupación por el atentado contra Pedro Pérez Natividad.
Julio 18: Grupos de choque y policías sin uniforme tomaron por la noche las instalaciones del periódico ?Noticias?, desalojando con violencia a 31 empleados del diario que durante 30 días habían sido impedidos de abandonar el lugar por problemas sindicales. Los empleados fueron golpeados y despojados de celulares y carteras por los agresores, encabezados por Ulises Bravo, uno de los dirigentes de la CROC, y por Carlos Monjarraz, integrante de un grupo de choque del líder de esa organización sindical, David Aguilar Robles.
Julio 19: Mediante escrito, la SIP solicitó a las autoridades nacionales de México interceder en el conflicto que involucra al gobierno de Oaxaca y el diario Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, y que se viene agravando desde finales de noviembre de 2004. El gobierno federal promovió el establecimiento de una mesa de diálogo con la participación de autoridades del periódico, el sindicato y el gobierno estatal, establecida el 4 de agosto, pero sin resultados concretos hasta la fecha.
Julio 22: En Cananea, Sonora, el delegado del comité ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Juan José Gutiérrez Ballesteros y dos de sus guardaespaldas, fueron detenidos y liberados tras el pago de una fianza por los delitos de amenazas y agresión en contra del reportero Orlando Valencia Estrada, del programa de noticias Noticentro, de la estación de radio local ?La Consentida?.
Julio 29: En Escuinapa, Sinaloa, la reportera Sugey Estrada, corresponsal del periódico Noroeste, denunció ante el presidente municipal, Mohamedalid Sánchez, que fue amenazada por el jefe de la Policía Municipal Filiberto Bribiesca Sandoval cuando trató de entrevistarlo. Directivos y periodistas del diario ?Noroeste? presentan el ?Informe Escuinapa?, que da cuenta de un clima de hostigamiento en contra de diversos periodistas de la región, los que han debido dejar sus trabajos e incluso mudarse con sus familias a otras ciudades, ante el temor de atentados.
Agosto 30: La SIP reiteró a las máximas autoridades de los tres poderes públicos del Estado mexicano la necesidad de que haya normas para que los crímenes contra la libertad de expresión puedan ser de jurisdicción federal, que no prescriban y que se aumenten las penas y castigos para quienes los cometan. Ello, durante los trabajos de una delegación internacional de la SIP que visitó México, encabezada por su presidente, Alejandro Miró Quesada, quien expresó al presidente de México, Vicente Fox, la preocupación de la institución ante el avance de la violencia del crimen organizado que afecta a periodistas y medios de comunicación, particularmente en la zona norte del país.
La delegación integró asimismo a Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión e Información; a Enrique Santos, presidente de la Comisión contra la Impunidad, y a Ricardo Trotti, director del Instituto de Prensa. Este grupo se entrevistó igualmente con el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca; con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío y José de Jesús Gudiño Pelayo, y con el presidente del Senado mexicano, Enrique Jackson Ramírez, quien estuvo acompañado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el senador Sadot Sánchez.
En materia de prescripción, la SIP recordó a sus interlocutores que México firmó en 1997 la Resolución 120 de la UNESCO en la que se establece que los Estados Miembros ?adopten el principio de que no prescriben los crímenes contra las personas cuando son perpetrados para impedir el ejercicio de la libertad de información y de expresión o cuando tuvieren como objeto la obstrucción de la justicia; que los gobiernos perfeccionen las legislaciones para posibilitar el procesamiento y a la libertad de expresión, además que se dicte legalmente que a los responsables de los delitos contra periodistas en ejercicio de sus funciones profesionales y los medios deban ser juzgados en tribunales civiles. y/o regulares?.
Agosto 31: Bajo el auspicio de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), los diarios ?El Universal? y ?El Imparcial? de Hermosillo, cuarenta directivos de periódicos mexicanos de la frontera norte del país, exigieron a las autoridades federales y estatales de México, que esclarezcan los crímenes contra periodistas, al tiempo que pidieron por la no prescripción de esos delitos y que sean elevados a la jurisdicción federal. En este encuentro celebrado en Hermosillo, Sonora, se firmó la ?Declaración de Hermosillo?, un documento para enfrentar la violencia contra periodistas y medios en México, que establece líneas de acción como la creación de un equipo especial de reporteros de investigación para dar continuidad al trabajo de colegas victimados, la publicación de campañas de educación pública y entrenamiento para periodistas.
El presidente de la SIP, Alejandro Miró Quesada, dijo al respecto que ?es auspicioso que directores de cuarenta medios se hayan reunido para coordinar estrategias para solidamente enfrentar al crimen organizado que aqueja a la región?.
Septiembre 18: José Reyes Brambilia, reportero de la sección de sociales del periódico Vallarta Milenio, fue encontrado muerto en la cajuela de un automóvil propiedad de la empresa que edita el rotativo. El cuerpo del comunicador se encontraba dentro de una bolsa negra, desnudo, con las manos atadas, los ojos vendados, presentaba tres heridas por arma blanca en el cuello y en el tórax, además de tres golpes contundentes en la cabeza, el vehículo fue abandonado cerca del centro de Guadalajara. De acuerdo con el Servicio Médico Forense, el asesinato de Reyes Brambila se produjo días antes de que fuera hallado. El reportero era hermano del director general del diario, Luis Reyes Brambilia, siendo identificado por sus familiares.
Septiembre 28: La SIP inicia una campaña internacional destinada a terminar con la impunidad en torno a crímenes cometidos contra periodistas mexicanos. En ese sentido, comienza a publicarse en 310 periódicos del continente un anuncio, donde la SIP resalta la impunidad que aún rodea el crimen perpetrado contra el periodista Benjamín Flores, el 15 de julio de 1997.
