El pleno del Senado aprobó reformas que dan claridad, precisión y exactitud a la legislación contra el cohecho doméstico e internacional, con lo cual se busca alcanzar estándares más eficientes en la promoción de consignaciones por corrupción.

José Rosas Aispuro (PAN), vicepresidente de la mesa directiva, en la conducción de la asamblea de la Cámara Alta, declaró la aprobación de las reformas al Código Penal Federal, a la Ley Federal para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, y envió al Ejecutivo federal el decreto respectivo para su publicación y entrada en vigor.

Los cambios al Código Penal Federal hacen más viable la acreditación del tipo de delito de cohecho y se armoniza con la figura de cohecho genérico, al suprimirse términos que dan cabida a juicios de valor que complican la aplicación de la norma, señala el dictamen votado por el pleno senatorial.

Los legisladores, tanto los diputados, como los senadores, en la revisión del proyecto de decreto, plantean las reformas, en función de que México está ubicado en la posición 28 de 28 lugares de naciones que en que se soborna a funcionarios públicos.

También se busca brindar protección a los particulares que participan en los procesos contra actos de corrupción.  Al momento esta cobertura la ofrece el Estado a quienes son testigos en delitos de delincuencia organizada, y la reforma añade a quienes testifican en procesos por soborno.

El decreto aprobado indica que el delito de cohecho es cometido por “el servidor público que por ´si, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente  para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva,  o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto relacionado con sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión”.

De igual forma, incurre en el delito de cohecho “el que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva (…) para que cualquier servidor público haga u omita un acto relacionado con sus funciones a su empleo, cargo o comisión.

crs