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Con 350 votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular, el nuevo dictamen de reforma constitucional que controla la deuda de estados y municipios.

Con este dictamen, que presentó cuatro reservas, se crea una comisión bicameral, integrada por diputado y senadores, que se encargará de analizar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, es decir, vigilará los convenios que pretendan celebrar los estados con el gobierno Federal para obtener más garantías y, en “su caso emitirá las observaciones, en un plazo máximo de 15 días, que estime pertinentes, incluso dentro de los periodos de receso del Congreso de la Unión”.

El nuevo dictamen enviado al Senado fue redactado con el contenido de la última minuta que envió el Senado de la República en diciembre pasado, debido a que el anterior dictamen agotó su proceso parlamentario al ser revisado y avalado dos veces por cada cámara, los diputados y senadores determinaron redactar y presentar una nueva iniciativa que estuviera “blindada” de impugnaciones.

El debate central y por el que los diputados se oponían a avalar esta iniciativa fue la creación de una comisión bicameral debido a que los diputados se oponían a que los senadores formaran parte de esta comisión debido a que el Senado no tiene facultades para revisar o vetar empréstitos estatales.

Los grupos parlamentarios que votaron a favor del dictamen fueron: PRI, PAN, PRD, Verde y Nueva Alianza.

En el dictamen, también se detalla que la Auditoría Superior de la Federación, podrá fiscalizar directamente a los estados, Municipios, al Distrito Federal y a los órganos políticos-administrativos de sus demarcaciones territoriales, cuando accedan a dichas garantías federales.

Se mantiene la prohibición para contraer obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, personas físicas o morales, extranjeras. Además, las legislaturas locales, tendrán que aprobar los empréstitos y obligaciones por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, previo análisis de su destino, capacidad de pago.

Se prohíbe expresamente que se destinen los recursos de los empréstitos a cubrir gasto corriente, como un principio básico de responsabilidad fiscal, también define la prohibición para contratar deuda pública para el pago de gasto corriente.

“Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses”, describe el documento.

crs