La Mesa Directiva del Senado de la República remitió a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, la minuta por la que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, indica que esta legislación tiene por objeto ampliar las facultades de las autoridades, proteger el ahorro popular y regular a intermediarios financieros.

La minuta enviada por la Cámara de Diputados también reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Establece eliminar las sociedades financieras comunitarias y los Organismos de Integración Financiera Rural, incorporando un plazo para que soliciten a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorización para operar como sociedad financiera popular.

Suprime la función de supervisión auxiliar de las sociedades financieras populares por parte de las federaciones, sin perjuicio de que puedan prestar servicios de valor agregado como organismos autorregulatorios.

Entre otros, elimina los niveles de operaciones de las sociedades financieras populares, establece un catálogo único de operaciones y servicios, y ajusta la ley para diferenciar la regulación de éstas en función de las operaciones que realicen, con una regulación de capitalización con un enfoque basado en riesgos.

La nueva ley mejora la regulación y marco jurídico de las sociedades de ahorro y crédito popular, fomenta el ahorro formal, principalmente de pequeños ahorradores, al tiempo que brinda herramientas para proteger el patrimonio de los clientes.

Asimismo, fortalece la vigilancia y facultades de las autoridades respecto de la gestión de negocios y depósitos que el sector social efectúa, en instituciones que facilitan el acceso a los servicios financieros.

La minuta precisa el catálogo de los delitos relacionados con este ámbito que se consideran graves, en el Código Federal de Procedimientos Penales.

De igual manera, el Senado de la República envió a las comisiones unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos la minuta que reforma el Artículo 115 de la Ley Agraria, que precisa la prohibición de latifundios que excedan los límites de la pequeña propiedad.

Además, se turnó a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, la minuta por la que se establecen las características de una moneda conmemorativa del Centenario de la Batalla de Celaya.

Esta tendrá un valor nominativo de 20 pesos; el diseño del motivo será el que apruebe el Banco de México, a propuesta del Instituto Nacional de Antropología. Dicho motivo deberá estar relacionado con el aniversario número 100 de la Batalla de Celaya.

crs