El Comité de Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hizo publicó hoy su informe sobre México en el que da un plazo de un año para que el Gobierno que preside Enrique Peña Nieto resuelva el problema de los desaparecidos.

En concreto en el documento, elaborado por un grupo de relatores internacionales expertos en derechos humanos, se solicita a México que facilite "a más tardar el 13 de febrero de 2016, información pertinente sobre la aplicación de las recomendaciones que figuran en los párrafos 18, 24 y 41". El artículo 18 se refiere a la creación "de un registro único de personas desaparecidas con estadísticas confiables que permitan prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante".

El 24 habla de "prevenir e investigar las desapariciones de migrantes, perseguir a los responsables y proteger a los denunciantes". Y el 41 hace mención a "la búsqueda de las personas desaparecidas y en caso de fallecimiento, para la búsqueda, respeto y restitución de sus restos".

El informe, que consta de 10 páginas, ha sido elaborada por el Comité tras la evaluación del caso de México que llevaron a cabo los pasados 2 y 3 de febrero en una sesión celebrada en Ginebra (Suiza).

Una sesión a la que asistieron representantes del gobierno, de asociaciones de derechos humanos así como los padres de dos de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, quienes viajaron a la ciudad suiza en busca de justicia. Sobre aquel encuentro, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU señala que "la información recibida ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas".

Y aunque no hace ninguna recomendación específica sobre el caso de Ayotzinapa, sí se refiere a él y dice que "el grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que afronta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas".

El Comité también se muestra preocupado por la impunidad respecto de los numerosos casos denunciados por desaparición forzada, que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito.  Y recomienda aprobar "a la mayor brevedad posible" una Ley sobre Desapariciones Forzadas que incluya un registro de desapariciones forzadas ya que su inexistencia hoy en día "impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad". Y en este sentido los expertos del Comité solicitan, además, que la legislación prevea específicamente la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos.

El Comité también muestra su preocupación porque pese al tiempo transcurrido "no ha habido avances significativos en la investigación y sanción de los responsables de las desapariciones forzadas perpetradas durante la "guerra sucia" ni en relación con la búsqueda de personas desaparecidas.

Asimismo en su informe el Comité alienta al Estado mexicano a que establezca en el ámbito de la PGR una unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas que cuente con recursos adecuados.