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Luego del inicio de las investigaciones por la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) identificó 50 fosas clandestinas en el estado de Guerrero, de las que se han exhumado 85 cadáveres.

Los cuerpos que hasta el momento han sido localizados por las autoridades, sólo en el municipio de Iguala, fueron encontrados a partir de los trabajos de búsqueda, entre los meses de octubre del año pasado y abril de 2015, para dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos.

Las investigaciones realizadas por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), así como de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), indican que el mayor hallazgo corresponde a 11 fosas de las que se extrajeron 39 cadáveres.

El hallazgo corresponde al realizado por autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG), en las faldas de un cerro que se ubica en la comunidad de Pueblo Viejo. En el lugar fueron exhumados los cuerpos calcinados, según detalló el ex procurador de la entidad, Iñaki Blanco.

Hasta el momento, los cuerpos fueron exhumados de los cerros La Parota, La Joya y Loma del Coyote, así como de los caminos de terracería y brechas que se encuentran en los alrededores del municipio de Iguala.

La localización de los cadáveres inició en octubre pasado cuando la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) comenzó la búsqueda de los jóvenes desaparecidos a partir de las denuncias recibidas por habitantes del municipio.

En algunas de las fosas, los integrantes de la UPOEG encontraron cabello, extremidades, ropa, así como objetos personales, entre ellos credenciales de elector, al interior de las fosas o en los alrededores.

Entre las personas que hasta el momento han sido identificadas se encuentra Boni Enrique Antúnez Soto, un joven habitante del municipio de Teloloapan, quien fue reportado como desaparecido desde 2013 por sus familiares.

Su identificación fue posible tras localizar una credencial de elector con su nombre en una parcela que se ubica cerca de La Joya, durante los trabajos de búsqueda que realizaron los integrantes de la UPOEG.

El hallazgo de las fosas fue cuestionado por el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del Comando Norte de Estados Unidos (Northcom), que mostró su preocupación por los vínculos entre integrantes del crimen organizado y las autoridades.

La localización de las fosas “provoca interrogantes alarmantes sobre el carácter amplio de la violencia de cárteles en la región y el nivel de la complicidad gubernamental”, menciona el reporte de la Procuraduría General de la República.

Tras darse a conocer el hallazgo de las fosas, familiares de personas desaparecidas en la entidad crearon una base de datos para contribuir a la búsqueda.

Los familiares solicitaron al gobierno federal que se tomaran muestras de ADN para poder compararlas y determinar si entre los cuerpos localizados se encontraba el de sus familiares. También pidieron que la búsqueda se extendiera a otros municipios cercamos, donde se tenía conocimiento de que existen más cementerios clandestinos utilizados por el crimen.

En el caso de los normalistas, en las últimas movilizaciones para demandar la presentación con vida de los jóvenes, los voceros y los familiares han insistido en la necesidad de ampliar las investigaciones en torno a esas fosas clandestinas ubicadas.

De igual manera han sentenciado que eso es motivo para que la sociedad se organice y para evitar el proceso electoral que se va a llevar a cabo en la entidad, promover una acción que impida la asistencia a las urnas como una medida de presión para el gobierno local y al gobierno de la República.

En el mes de marzo, incluso, convocaron a los funcionarios de casillas a no recibir la paquetería electoral que se utilizará el 7 de junio de este año para emitir el voto para elegir al gobernador de Guerrero, 46 diputados locales, nueve federales y dos senadores de mayoría, “para no legalizar al crimen organizado que hasta ahora nos ha gobernado, asesinando, desapareciendo a los estudiantes y luchadores sociales, ahora ya es tiempo de que sea el pueblo el que nos gobierne”.