Procuraduría, obligada a dar las versiones públicas sobre el caso
BLOQUEO. Grupos de jóvenes y padres de los normalistas desaparecidos en septiembre pasado cerraron la caseta Palo Blanco, en Chilpancingo. (Foto: ARIEL OJEDA / EL UNIVERSAL )
Por considerarse que la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, representa una violación grave a los derechos humanos, la Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar la versión pública de la investigación que llevó a cabo sobre el caso.
De igual manera, deberá entregar la versión pública de los interrogatorios que se realizaron a 36 militares sobre lo acontecido en dicha demarcación guerrerense entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) aprobó por unanimidad que la PGR entregue la información que clasificó como reservada, ya que se trata de una investigación en curso.
Sin embargo, la comisionada Areli Cano Guadiana subrayó durante la exposición del proyecto que ella encabezó, que el acceso a la información que obra en la averiguación previa, garantiza el derecho a la verdad en su dimensión colectiva, con la finalidad de que las personas tengan la capacidad para prevenir la repetición de los hechos.
En dicha entrega de información, la Procuraduría deberá proteger la información confidencial de los inculpados, familiares, testigos o terceros que estén interesados, personas relacionadas con la indagatoria, así como los nombres de los agentes del Ministerio Público y servidores públicos con funciones operativas; sin embargo, no tendrán la posibilidad de omitir los nombres de aquellos que presuntamente participaron en los hechos.
Dos particulares solicitaron la información a la PGR, por separado, sobre la investigación del caso Ayotzinapa, así como los interrogatorios que se realizaron a militares acerca de lo acontecido con los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. La PGR resolvió que la información es de carácter reservado por tratarse de una investigación en curso. Ambos particulares se inconformaron, por lo que presentaron ante el INAI un recurso de revisión.
Durante la sesión de pleno ayer en el instituto, la comisionada Areli Cano expuso que la legislación señala que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de una investigación sobre violaciones graves a los derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.
“El acceso a la información que obra en la averiguación previa garantiza el derecho a la verdad en su dimensión colectiva, para efecto de que las personas tengan la capacidad para prevenir la repetición de los hechos”, expresó.
Todos los comisionados del pleno coincidieron en que la información pública debe abrirse, porque el caso representa una violación grave a derechos humanos.