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Después de varias negociaciones, las tres principales fuerzas políticas de la Cámara de Diputados —PRI, PAN y PRD— lograron un acuerdo ayer en la reforma constitucional que prevé la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la cual hoy será avalada en comisiones y llevada al pleno mañana para su votación.

“El día de hoy (martes) hemos tenido una de las últimas reuniones y hay un acuerdo en lo general para poder avanzar esta misma semana en una votación que en la Cámara de Diputados le dé vida constitucional al Sistema Nacional Anticorrupción. Haremos un esfuerzo por lograr el mayor consenso posible, alrededor de este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción”, declaró el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, acompañado por sus homólogos del PAN, Ricardo Anaya, y del PRD, Miguel Alonso Raya.

Atasco. Hasta el lunes pasado las negociaciones se mantenían sin acuerdos debido a las posiciones irreductibles de las principales bancadas parlamentarias en San Lázaro.

Las negociaciones permitieron que el PRI cediera, al avalar que el Senado de la República ratifique el nombramiento que haga el Ejecutivo del titular de la Secretaría de la Función Pública, como una medida de contrapeso al Presidente de la República.

Además, el Partido Revolucionario Institucional otorgó su consentimiento para que las participaciones federales (recursos de la Federación destinados a los estados) sean fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hasta en un 92% y, el otro 8% serán fiscalizados por los órganos locales de revisión (creados a raíz de esta ley), en casos como ingresos por cobro de predial, impuestos sobre nóminas y espectáculos públicos, entre otros.

A partir de la entrada en vigor de esta ley, que debe pasar primero por el Senado de la República y por las 32 Legislaturas estatales, se prevé que la prescripción de las faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos se aumente de tres a siete años para que sea transexenal.

Sin embargo los delitos cometidos antes de la entrada en vigor de la ley se seguirán persiguiendo con las leyes vigentes, es decir en ningún caso existirá la retroactividad.

Otro secretario o el mismo

El coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, comentó que se está negociando la posibilidad de que en los artículos transitorios se defina que cuando el Sistema Nacional Anticorrupción entre en funciones, el titular del Ejecutivo envíe una nueva propuesta para nombrar al secretario de la Función Pública con el fin de que sea avalado por el Senado.

Incluso legalmente podría ser propuesto el actual titular de la SFP, Virgilio Andrade.

El vicecoordinador de los diputados del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, explicó a su vez que cuando se avale el dictamen, la iniciativa de ley del Presidente de la República para crear la Comisión Nacional Anticorrupción quedará desechada.

“En alguien tenía que caber la prudencia; ésta fue por parte del PRI, como grupo mayor en esta Cámara. El PRI cede con la finalidad de que exista un Sistema Nacional Anticorrupción”, argumentó Gutiérrez de la Garza.

Los detalles

El dictamen contempla la extinción de dominio en los casos en que se compruebe enriquecimiento ilícito de los servidores públicos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) elimina el principio de anualidad y posterioridad para que pueda llevar a cabo revisiones en tiempo real en caso de la presunción de alguna irregularidad.

Se le otorga la facultad a la ASF de fiscalizar a los órganos autónomos, recursos federales en fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados. Incluso podrá promover acciones ante las autoridades competentes derivado de su informe de fiscalizaciones ejecutadas en tiempo real.

Declaración patrimonial

Al entrar en vigor la ley, los funcionarios estarán obligados a presentar su declaración patrimonial y de conflicto de intereses ante las autoridades competentes.

Los Órganos Internos de Control Interno investigarán y sancionarán faltas administrativas leves y, el Tribunal de Justicia Administrativa sancionará las faltas administrativas graves, pudiendo ser investigadas por la ASF. Los Tribunales de Justicia Administrativa sancionarán a los particulares que incurran en hechos vinculados con faltas administrativas graves.

Las sanciones irán desde la inhabilitación, disolución o intervención de la empresa, así como el resarcimiento de los daños ocasionados al erario.

Sobre el tema, el coordinador de los diputados de Acción Nacional en San Lázaro, Ricardo Anaya, dijo: “México debe ser un país de leyes, no un país de escándalos. Le estamos dando a México un instrumento eficaz para combatir la corrupción. Le estamos dando a México la posibilidad de un futuro limpio, de instituciones sanas, de democracia plena”.