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Expertos en temas de seguridad, militares en retiro y en funciones ven favorable que se abran las puertas de los cuarteles militares a los familiares de los 42 normalistas desaparecidos para que quede claro que elementos castrenses no están involucrados en los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre, y que mucho menos los estudiantes se encuentran retenidos.

Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asegura que las instalaciones castrenses están abiertas a la ciudadanía, lo cierto es que las normas militares no permiten el acceso a civiles tan fácilmente, por lo que, de darse la apertura a los familiares de los desaparecidos, se estaría presenciando un hecho sin precedentes.

Altos mandos consultados por EL UNIVERSAL indicaron que la apertura de las instalaciones es para que se esclarezca que la información que tienen los padres de familia no va con la verdad y con la forma en que se conduce dicha institución.

Mencionaron que en el interior de la Sedena no hay molestia de que se busque a los normalistas en sus instalaciones, por el contrario, si eso coadyuva a que se esclarezca se tendrá que hacer como lo dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

“Lo hacemos para que se den cuenta que no hay nada, no escondemos nada, no van a encontrar nada porque nuestros elementos no participaron; pero lo tendrán que hacer de manera ordenada y con el acompañamiento de la CNDH”, explicó una de las fuentes.

Enfatizó que hasta el momento la petición es la apertura de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, en donde el pasado lunes los familiares y un grupo de encapuchados irrumpió de manera violenta; en ese sentido, aclararon que no hay solicitud para ingresar a todas las instalaciones que tiene la Defensa Nacional.

Por separado, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aceptó la invitación que se hizo pública por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para visitar las instalaciones de ese batallón ubicado en Iguala, Guerrero.

Dijo que está a la espera de la invitación formal del gobierno para entrar al cuartel militar en Iguala, pero que se abocará de manera inmediata en la organización de la visita.

En un comunicado de prensa el organismo consideró necesario que las visitas o la visita que se realice a las instalaciones militares se haga de forma ordenada y pacífica.

Consideró que se deben dar además las facilidades operativas para que ese organismo nacional pueda desarrollar sus funciones y los recorridos cumplan con el propósito por el que fueron solicitados por los familiares.

“La CNDH reconoce la apertura y disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional de permitir la entrada al referido cuartel, tras la petición y reclamo que al efecto formularon los familiares de los normalistas de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos”, dijo al hacer pública su postura.

Por otra parte, el general de División en retiro, Luis Garfias Magaña, apoyó la decisión del gobierno federal de permitirles el ingreso, de manera ordenada, a las familias, pero lamentó que estén utilizando el tema para vandalizar en algunos puntos de Guerrero.

“Es un hecho inédito en la historia del Ejército que demuestra la actitud de abrir los cuarteles para que vean que ahí no se oculta nada, como con toda mala fe, esas personas han pretendido que ahí están sus hijos”, señaló durante la entrevista.

El general Garfias aclaró que atacar un cuartel militar “es muy peligroso”, pero el lunes pasado los militares demostraron que hay prudencia y tolerancia del Ejército de evitar al máximo un enfrentamiento. “Si los militares hubieran respondido seguramente hubiera habido muertos, que es lo que la gente pretende”, dijo.

Para Guillermo Garduño Valero, experto en temas de seguridad nacional y Fuerzas Armadas, la Defensa Nacional tardó en tomar la decisión de abrir sus puertas, pues desde el primer día en que los padres de los desaparecidos comenzaron a decir que sus hijos estaban en las instalaciones militares, lo tuvieron que haber hecho.

Llama la atención, agregó, que 90 días después se diga que los jóvenes están vivos y en un cuartel militar. Es absurdo, no hay condiciones, que de ser así ya los habría entregado por la presión internacional, dijo.