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Los padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa acudieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) para notificarle al gobierno federal que la solicitud de acudir a los cuarteles del Ejército no está en encaminado solamente al de Iguala, sino a todos los que se ubican en Guerrero, por lo que esperan sean la próxima semana.

En entrevista, el asesor jurídico de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que ya está sobre la mesa la visita a los cuárteles, con o sin la compañía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dado que su petición es distinta al ofrecimiento del secretario Miguen Ángel Osorio Chong.

“Se hizo la petición formal desde antes de diciembre, se suspendieron las pláticas, y ya nunca formalmente nunca se nos dijo nada. Estuvimos insistiendo en la búsqueda de los cuarteles, y ahí se dieron posiciones desafortunadas del Ejército, de fuerza, de una posición política fuerte e infranqueable, basados en el punto de vista del fuero militar”, argumentó.

El abogado del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan comentó que en la reunión con el subsecretario de Gobierno de la Segob, Luis Enrique Miranda la intención era seguir avanzando en la búsqueda.

“Se ha hecho una revisión en todos los centros de detención de varias corporaciones policiacas y de otra índole, el único que no se ha revisado es el del Ejército, por eso se pide. Además hay elementos de la indagatoria que señala al Ejército, eso no lo decimos nosotros, está ahí en los expedientes que señalan habría tenido una relación con Guerreros Unidos, y que sabían de su operación y no se denunció”, acotó.

A dos días de que los padres se reunieran con el secretario de Gobernación y con el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el asesor jurídico agregó que no corresponde a las autoridades políticas exonerar a los militares, sino que eso depende de un juez y del Ministerio Público establecer si hay elementos o no, para fincar responsabilidades.

Asimismo, indicó que abordaron el tema de una posible extorsión por parte de un guerrerense, que pide 110 millones de pesos, a cambio de dar con el paradero de los 42 normalistas. Vidulfo comentó que el subsecretario se comprometió a analizar qué tan auténtica es esa información.