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Ginebra, Suiza.— El gobierno de México reconoció ante el Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas que enfrenta retos que debe superar en la materia, a pesar de que se han realizado avances importantes en el país.

“México reconoce sin la menor ambigüedad que a pesar de los importantes avances en el país en materia de derechos humanos, seguimos enfrentando retos que debemos superar”, dijo Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al abrir ayer la sesión de dos días.

Aseguró que México ha sido objeto de una “profunda transformación” en derechos humanos, aunque comentó que esta reunión “ocurre en una circunstancia particularmente dolorosa que ha generado indignación y repudio, pero también determinación y contundencia para satisfacer el derecho a la verdad y a la justicia”.

La reunión inició con un minuto de silencio en recuerdo a todas las víctimas de la desaparición forzada, entre ellas, los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

A nombre del gobierno de México, Gómez Robledo dijo que “la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa pone de manifiesto, una vez más, que debemos seguir atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción, para hacer frente al crimen organizado y la violencia que lo acompaña, y así fortalecer las capacidades del Estado en seguridad y justicia”.

“Cuando se juzgue y sancione a todos los responsables de estos actos de barbarie y se acredite plenamente el paradero de los desaparecidos, podremos, Estado y sociedad, pasar del dolor a la recomposición del tejido social y consolidar el México en paz, incluyente, que haga realidad el Estado de derecho que todos anhelamos”.

Recordó en este caso específico las acciones emprendidas por el gobierno federal, las brigadas de búsqueda en vida de los normalistas y aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) construyó una investigación criminal “sin precedentes”.

No obstante, comentó que México se mantiene abierto a recibir cooperación de otras instituciones internacionales y de gobiernos de otras naciones, como lo manifestaron hasta ahora Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, así como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Unión Europea.

Gómez Robledo también señaló que México ha vivido un proceso de transformación de su sistema de seguridad y de justicia.

Durante más de cinco horas varios de los 10 expertos en derechos humanos que conforman el comité plantearon a la delegación mexicana una treintena de preguntas sobre distintos temas relacionados con las desapariciones forzadas. En varias ocasiones, al no obtener una respuesta o no quedarse convencidos con la misma, volvieron a preguntar sobre lo mismo.

Los relatores Luciano Hazan, de nacionalidad argentina, y el alemán Rainer Huhle, fueron los más insistentes. Preguntaron a la delegación mexicana cuántas desapariciones forzadas se contabilizan en el país y, de éstas, cuántas son mexicanos y cuántas de emigrantes centroamericanos que intentaban llegar a Estados Unidos.

La encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad de la PGR, Eliana García Laguna, dijo que actualmente se trabaja en la localización de 11 mil 309 personas, de acuerdo con los registros desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el pasado 31 de octubre.

Una cifra muy lejana a los 26 mil desaparecidos que calculan algunas organizaciones de derechos humanos, pero no especificó más.

El caso de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa también estuvo sobre la mesa y aunque el relator argentino Luciano Hazan dejó claro que la revisión en el comité no era el foro adecuado para tratarlo, reconoció que había sido un caso emblemático que había puesto las desapariciones forzadas en la mira de todo el mundo “y había demostrado la responsabilidad de los funcionarios estatales”.

El relator alemán Rainer Huhle resaltó el hecho de que durante la búsqueda de los 43 normalistas —dos de cuyos padres estaban presentes en la sala con las fotos de sus hijos—, se encontraron fosas con más de 40 cuerpos, lo que le dio pie a reiterar cuestiones sobre la “guerra sucia” de los años 70 y 80. Sobre este caso se preguntó además por qué, si según la PGR las primeras 72 horas son decisivas para encontrar a un desaparecido, los funcionarios se negaron a buscar a los normalistas argumentando que había que esperar unos días. “Palabras y hechos, normas e implementación en México no van de la mano. Ayotzinapa no puede volver a ocurrir. Hay que trabajar contra la impunidad”.

El relator español Juan José López Ortega pidió a la delegación mexicana que una vez más considere al comité un órgano jurisdiccional y no cuasijurisdiccional (lo que haría que sus recomendaciones sí fueran vinculantes), a lo que Gómez Robledo y pese a la insistencia del español, respondió que lo están deliberando.