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Ginebra, Suiza.— El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, reconoció ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que este ilícito constituye un serio problema de seguridad en México.

Manifestó que “los hechos evidencian la falta de congruencia entre lo dispuesto por las normas y la realidad” y agregó que “la impunidad que la sociedad advierte y los altos niveles de violencia e inseguridad que se viven ocasionan que los derechos humanos sean vistos más como una situación meramente discursiva o teórica, que como un aspecto práctico y real, cuestionando la validez y vigencia de las instituciones, así como los innegables avances que en materia de derechos humanos se han presentado en las últimas décadas”.

Luego de presentar su informe sobre la desaparición forzada ante el organismo especializado de las Naciones Unidas, González Pérez consideró que la sesión debe servir para que el Ejecutivo mexicano se comprometa a llevar a cabo una serie de medidas que beneficien a los familiares de las personas desaparecidas.

“Prefiero ser optimista y pensar que la presión que ha ejercido hoy el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, unido a la presencia de los propios familiares de las víctimas, y a la presencia también de la CNDH, se traduzca en una receptividad y una comprensión del gobierno para llevar a cabo esos cambios que se le han solicitado y que fortalecerán el Estado de derecho de nuestro país”.

“Quiero pensar que aunque hoy no se han comprometido en poner en marcha medidas, mañana lo hagan”, dijo en entrevista.

“En México se da una paradoja. Tenemos grandes avances en derechos humanos y muchas leyes, tenemos una ley general de víctimas, una ley sobre la igualdad de hombres y mujeres, una contra la trata, pero esa normativa está alejada de la realidad. Hay que tender un puente entre norma y realidad, y ese puente se llama cumplimiento de la ley”, afirmó.

Antes se reunió a puerta cerrada con algunos de los miembros de dicho comité de la ONU, junto con representantes de las dos organizaciones no gubernamentales y con los familiares de algunos desaparecidos, entre ellos, Abrajan Gaspar e Hilda Antonia Legideño, cuyos hijos son dos de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa; María Guadalupe Fernández Martínez, cuyo hijo desapareció en 2009 en Coahuila, y María Olaya Dozal, cuya hija desapareció en 2009 en Chihuahua.

“Fue una reunión muy importante para todos, pero sobre todo, para los familiares de las víctimas, porque pudieron explicar a los expertos de la ONU en primera persona sus casos, los problemas que enfrentan para que se haga justicia”, relata.

“También para mi como presidente de la CNDH fue muy positiva porque además de haberles presentado un informe con un diagnóstico de la situación y 14 recomendaciones para llevar a cabo, he podido intercambiar puntos de vista con ellos”.

González Pérez destacó “el interés que han puesto los miembros del Comité de la ONU en las recomendaciones que hemos hecho desde la CNDH y su preocupación por temas como los mecanismos existentes en México para la búsqueda de personas, la existencia o no de un registro de personas desaparecidas o extraviadas, o la necesidad de que se apruebe una ley federal de desapariciones forzadas.