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Derechos humanos, imperativo moral: EPN

Francisco Reséndiz y Liliana Alcántara| El Universal
Jueves 26 de marzo de 2015
Derechos humanos, imperativo moral: EPN

RÉPLICA. El presidente Enrique Peña Nieto destaca que en su administración se han aceptado las recomendaciones realizadas por la CNDH y se trabaja en su cumplimiento. Esto luego de recibir el informe de labores de esta Comisión. (Foto: LUCÍA GODÍNEZ / EL UNIVERSAL )

Tortura y ejecución extrajudicial, inaceptables, afirma

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Al recibir el informe de labores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que toda autoridad está obligada a respetar y hacer respetar la ley y quien quebrante este precepto fundamental, “tiene que asumir las consecuencias”.

Tras aceptar que como Estado mexicano falta mucho por hacer en favor del respeto y goce de los derechos humanos, dijo que en cada caso documentado por la CNDH su administración seguirá actuando en el marco de la ley, con total disposición para atender y cumplir sus recomendaciones.

Dijo que en México la protección y el respeto a los derechos humanos no sólo son un deber constitucional sino un imperativo moral. Indicó que bajo este principio, el Estado Mexicano ha dado importantes pasos para mejorar el andamiaje legal e institucional que salvaguarda las garantías del hombre.

A partir de una solicitud expresa del ombudsman nacional, Luis Raúl González, el Presidente dijo que el gobierno federal acompañará a la CNDH a fin de estar siempre atento a las recomendaciones y definiciones que tome el órgano “que permitan avanzar de manera significativa en esta materia”.

“Y, por otro lado, es clara la convocatoria a los gobiernos de las distintas entidades federativas para que asuman también responsabilidad y tarea en este objetivo compartido”, dijo.

Recordó que el 27 de noviembre anunció medidas adicionales en favor de los derechos humanos, con la creación de leyes generales en los rubros de tortura y desaparición forzada, para lo cual envió una iniciativa de Reforma Constitucional que faculta al Congreso a expedir estos ordenamientos.

“Una segunda acción es la renovación de los protocolos y procedimientos institucionales para erradicar y sancionar los casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. En el gobierno de la República estamos claros de que no cabe la tolerancia a estas prácticas inhumanas y absolutamente inaceptables”.

Agregó: “Para castigar estos graves delitos, vamos a adoptar las mejores prácticas internacionales, recomendación, además, que viene de la propia CNDH, a fin de garantizar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales. Y, de esta manera, hacer efectivo el derecho a la justicia y a la reparación integral del daño a las víctimas”.

Señaló que otra acción que anunció ese día en Palacio Nacional es la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas y una Base Nacional de Datos Genéticos. La PGR, Segob y la Consejería Jurídica de la Presidencia trabajan en ello.

“Este mismo grupo ya está logrando un proyecto de Ley General de Personas No Localizadas y Desaparición Forzada”. Reconoció la participación del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la puesta en práctica de mejores políticas públicas.

En el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, el mandatario señaló que la política de estado en materia de derechos humanos implementada por su gobierno ha permitido reducir el número total de quejas ante la CNDH en 22% del 2013 al 2014.

Dijo que el año pasado hubo mil 986 quejas menos ante este organismo autónomo, mientras que el número de recomendaciones de la CNDH, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se redujeron en 60% en el mismo periodo. Destacó que su gobierno ha aceptado las recomendaciones emitidas por la Comisión y trabaja en su cumplimiento.

Apuntó que la reforma constitucional de 2011 representó, por sí misma, un nuevo paradigma en la materia, “a partir del cual todas las autoridades tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.

Peña dijo que el tercer ámbito en el que trabaja la autoridad federal es la protección de los derechos de las personas. Recordó que México cuenta con innovadores instrumentos jurídicos en esta materia, entre los que destacan la nueva Ley de Amparo, la Ley General de Víctimas y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.



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