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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez dijo que en partes del país hay una crisis de derechos humanos, que el caso Iguala puso en evidencia.

Al rendir su primer informe de labores en Los Pinos ante el presidente Enrique Peña Nieto, el ombudsman nacional manifestó que Iguala representa un antes y un después, ya que se visibilizó el problema de las desapariciones que se vivía en México desde la última década.

En este sentido, aclaró que este expediente no está cerrado porque aún falta conocer la verdad, sancionar a los responsables, reparar el daño a las víctimas y establecer medidas que garanticen su no repetición.

“Vivimos aún bajo las circunstancias extraordinarias provocadas por los hechos sucedidos en Guerrero, así como por los reclamos sociales en favor de acciones inmediatas y efectivas de justicia, legalidad y respeto a la dignidad humana. Iguala es el ejemplo que mayor visibilidad ha dado a un serio problema que enfrenta nuestro país desde hace varios años y que no se limita, desafortunadamente, al mismo”, expresó.

Reiteró que se debe tener información real sobre las desapariciones porque “no podemos dar espacio a especulaciones que sobredimensionen o relativicen el problema”.

A cuatro meses de que inició su gestión, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que lo más relevante a reportar en 2014 es el despertar y toma de conciencia que han provocado en la sociedad hechos como los de Chalchihuapan, Tlatlaya e Iguala.

Lamentó que, pese a los retos que persisten, la reforma constitucional de 2011 aún no sea efectiva.

“A casi cuatro años de esta trascendente reforma, la situación de los derechos humanos en México no corresponde a un cambio normativo de tal envergadura, ya que en algunas partes del país estos derechos atraviesan una crisis”, dijo.

González Pérez indicó que las violaciones a los derechos humanos tienen su origen en la inobservancia de la ley, por lo que señaló que ésta se debe aplicar sin distinción, a la vez que aclaró que no se puede hacer justicia violando garantías.

Pidió al presidente Enrique Peña Nieto que, por sensibles que sean los temas y más allá de las diferencias, se atiendan las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales en materia de desaparición forzada de personas y tortura, además que se concreten las propuestas que hizo el mandatario desde hace tres meses en esta materia y la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda y de Información Genética.