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La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que hasta octubre pasado el crimen organizado mantenía el control total en 13 municipios de Tierra Caliente, Guerrero.

Tomás Zerón de Lucio, titular de la AIC, explicó que en esos 13 municipios la delincuencia organizada determinaba quién era la persona que dirigía a las corporaciones de seguridad, así como los operativos que se realizaban en la zona.

Incluso, el funcionario aseguró que ante la corrupción que había en los cuerpos de seguridad de esa región, fue difícil determinar la diferencia entre policías y personas al servicio del crimen organizado.

“Voy a hablar en particular del estado de Guerrero, 13 municipios [en los] que el gobierno federal, a través del Ejército, tuvo que tomar el control porque no teníamos confianza en las autoridades municipales de seguridad. Es tan alarmante la situación que prevalecía: primero, por los salarios; segundo, porque estaban cooptados por el crimen organizado de una manera tal que el crimen decidía quién iba a ser el jefe. El crimen decidía qué operativos se iban a realizar, y la diferencia que encontramos cuando detenemos a un delincuente, y hoy que estuvimos deteniendo policías, solamente era la identificación; porque en el camino los que mandaban realmente eran el crimen organizado”, detalló el funcionario.

Durante su participación en las audiencias públicas organizadas por el Senado de la República para debatir el contenido de la iniciativa constitucional para crear 32 mandos únicos, Zerón se mostró a favor de establecer un mando único como el que se aplica en el Distrito Federal.

Afirmó que los elementos de estos municipios no tuvieron una mejor alternativa de vida, por lo que la única opción con la que contaban era ser policías. “Forman parte de una policía municipal porque no encontraron trabajo más digno que pudiera representarlos, no encontraron de ser choferes de vehículos, no encontraron ninguna otra secretaría, y entonces para no quedase sin comer toman el trabajo de ser policías”, explicó.

Para el funcionario no son validadas las excusas de los elementos de estos municipios que son cooptados por el crimen organizado, incluidas las amenazas contra su familia.

“Posteriormente a esto, cuando llegan y los amenazan, la razón que sea, porque he encontrado 50 razones diferentes, porque tenían familiares secuestrados, porque el dinero no les alcanzaba y ellos les ofrecieron un sobresueldo, todas esas no son razón real, todas esas razones nos van a llevar a una descomposición”.

Tras asumir la Federación el control de la seguridad de esos municipios, se ha detectado que integrantes del crimen se fueron a otros estados, por lo que se realizan investigaciones para determinar su paradero, dijo Zerón.

En octubre pasado, el gobierno federal asumió el control de la seguridad en los municipios de Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pungarabato, Taxco de Alarcón y Telolapan, entre otros donde la organización criminal Guerreros Unidos mantenía el control.