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CNDH: Aguirre no resarció a víctimas

Liliana Alcántara | El Universal
Lunes 16 de febrero de 2015
CNDH: Aguirre no resarci a vctimas

Se puede apreciar a simple vista que la fachada en las instalaciones de la escuela rural Isidro Burgos presenta un grave deterioro de pintura, ventanas y barandales . (Foto: Jorge Ríos )

Violaciones graves a los derechos de los normalistas de Ayotzinapa e incluso daños colaterales fueron ocasionados por fuerzas del orden

Guerrero

Desde hace tres años, el gobierno del estado de Guerrero mantiene en la impunidad los hechos violentos ocurridos el 12 de diciembre de 2011, en la Autopista del Sol, que derivaron en la muerte de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y del trabajador de una gasolinera, además de 50 personas lesionadas, la detención ilegal de 27, una víctima de tortura y 16 más que recibieron tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que lejos de establecer una sanción ejemplar en materia penal y administrativa, algunos agentes estatales involucrados en los hechos fueron incluso ascendidos.

Además, la demanda de juicio político que el organismo solicitó contra los entonces titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, Alberto López Rosas y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ramón Almonte Borja, no ha sido resuelta por el Congreso local, según consta en el expediente del caso actualizado hasta enero de 2015, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL.

López Rosas fue separado en ese entonces de su cargo, pero no fue inhabilitado, ya que después se desempeñó como secretario del Trabajo en la entidad, pese a que, como lo informó este diario el 8 de febrero pasado, había reprobado sus exámenes de control y confianza.

La violencia contra normalistas

El 12 de diciembre de 2011, 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos mantenían un bloqueo en el punto conocido como El Parador del Marqués, en las inmediaciones de la Autopista del Sol, a la salida de Chilpancingo, para protestar contra el gobierno estatal por el incumplimiento de sus demandas económicas y educativas.

Para liberar la autopista intervinieron 168 policías: 71 eran de la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal, 63 elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia y 34 de la Policía Estatal Preventiva. De ellos, 91 portaban armas de fuego. Los manifestantes, ninguna.

En el violento desalojo fallecieron los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, además de Gonzalo Miguel Rivas, trabajador de la gasolinera “Eva”, que en medio de la gresca se incendió por la explosión de una bomba de gasolina.

A raíz del incidente, la CNDH confirmó que los uniformados aplicaron uso excesivo de la fuerza y actuaron sin la debida coordinación; a su vez acreditó violaciones graves contra 52 víctimas, relativas a las garantías de libertad de reunión y a la vida, a la seguridad e integridad personal, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la libertad personal y al trato digno, asimismo señaló trasgresiones a los derechos a la verdad, entre otras que el orden jurídico mexicano reconoce a las víctimas del delito y del abuso del poder.

A partir de sus investigaciones, el organismo emitió la recomendación 1VG/2012 con 30 disposiciones para la SSP federal, al Gobierno del estado de Guerrero y a la mesa directiva del Congreso estatal.

Las principales recomendaciones fueron el inicio de procesos administrativos y penales contra los policías federales y estatales involucrados; la capacitación de ambas fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos, así como la reparación del daño y medidas de no repetición.

Impunidad

En el informe de seguimiento a esta recomendación, la CNDH considera que a poco más de tres años de esos hechos, el cumplimiento es parcial por parte de las tres autoridades, y en el caso particular del gobierno del estado de Guerrero resalta la falta de una sanción ejemplar que impida que se repita la comisión de dichas violaciones a las garantías fundamentales del ciudadano.

La Unidad de Contraloría y Asuntos Internos en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil comenzó una investigación contra 45 elementos, de los 107 adscritos al gobierno estatal que participaron en los hechos, por uso excesivo de la fuerza, uso indebido de armas de fuego e incumplimiento del catálogo normativo de deberes y obligaciones.

Sin embargo, el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal determinó aplicar únicamente una amonestación privada a 37 uniformados, mientras que los ocho restantes fueron suspendidos sólo por 15 días.

Incluso, nueve aspirantes a Agentes Estatales de Investigación que también eran investigados en el ámbito administrativo, obtuvieron un ascenso sin que se dieran a conocer los resultados de la indagatoria en su contra. En contraste, en el caso de la Policía Federal, el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Guerrero dictó orden de aprehensión en contra de 19 agentes.

En cuanto a la atención de las víctimas, sólo se ha indemnizado a 23 de los 52 agraviados.

Falso informe

La CNDH observó que en el momento en que sucedieron los hechos, las condiciones de uso y mantenimiento de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “no cumplían con los requisitos de seguridad e higiene que permitieran la existencia de un ambiente digno y decoroso para el ejercicio efectivo de los derechos a la educación, protección a la salud, vivienda y desarrollo de las personas que ahí habitan y conviven”.

Comprobó que la manera en la que las autoridades atendieron las demandas formuladas por los estudiantes de Ayotzinapa —que originaron sus protestas— era inadecuada, ya que emprendieron acciones paliativas que no contribuían a resolver la problemática que padece la institución desde hace décadas.

Ante las medidas que la CNDH recomendó al entonces gobernador Ángel Aguirre para privilegiar el diálogo con los estudiantes del plantel y garantizar sus derechos, la administración estatal informó al organismo nacional que entregó un autobús, se designó a un nuevo director, se incrementó la beca a estudiantes a mil pesos mensuales, se repararon los dormitorios E, F, y G, así como su red eléctrica y sanitaria.

También aseguró a la CNDH que entregó 100 butacas, 50 machetes, 10 azadores, una bomba de agua y 45 balones, así como que pretendía donar material didáctico y tecnológico, medicamentos y un vehículo tipo Urban, modelo 2013, pero argumentó que el comité estudiantil se negó a recibir el apoyo debido a que no era todo lo que se había solicitado.

Recibieron atención médica 112 víctimas, incluidas las colaterales; 143 el apoyo de trabajo social; 224 respaldo psicológico; 32 apoyo jurídico y nueve ingresaron a los programas de la Sedesol en la entidad.



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