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Chilpancingo, Gro.— El programa emergente que solicitó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en una recomendación al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, para atender las necesidades educativas, sanitarias y de desarrollo en las escuelas normales rurales, especialmente la Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, nunca fue cumplido por el mandatario.

Aguirre Rivero informó en su momento a la CNDH una serie de medidas que habían realizado para mejorar la vida en Ayotzinapa, entre ellas la entrega de un autobús para su traslado en las distintas actividades, aumento en la beca, reparación de dormitorios, de la red eléctrica y sanitaria, así como la entrega de butacas, machetes, una bomba de agua, por mencionar algunas cosas; sin embargo, no fue así.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL por dicha institución, se observó la forma precaria en la que habitan los normalistas: instalaciones sanitarias que no garantizan la salud, obras inconclusas y un edificio viejo que puede poner en peligro la vida de los normalistas.

Un edificio con las huellas de la humedad y el salitre es el dormitorio de 112 alumnos. En espacios de 4 por 3.5 metros que se divide cada una de las 28 habitaciones, duermen cuatro jóvenes como pueden.

“El edificio está en malas condiciones, mira como están las paredes. El baño ni se diga, tenemos que sacar el agua con una bomba porque si no, ¡imagínate los baños como estarían!”, comenta uno de los alumnos.

Antes los estudiantes que pernoctan en ese edificio, tenían que bañarse a jicarazos; “pero vinieron de Médicos sin Fronteras y nos arreglaron para poder bañarnos con regadera”.

Frente al edificio viejo, explica el educando, había otro que fue demolido para la construcción de uno nuevo: el edificio F. Sin embargo, el proyecto quedó en los puros cimientos de un lugar más confortable.

“Tiene como seis meses o un poco más que dejaron así la obra”, dice.

Otro de los edificios visitados es el “E”, que tiene tiempo de haberse construido. Se trata también de dormitorios para 70 alumnos. “El edificio es prácticamente nuevo y los ventiladores ya se quemaron”, dice uno de los estudiantes guía.

En tanto que el edificio “G” —asegura el normalista— no existe, es también un proyecto que quedó sólo en eso. Respecto a la electricidad y al drenaje, son pésimos, “pero así tenemos que vivir”.

Tras los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011, en la Autopista del Sol, en donde las autoridades encargadas del orden desalojaron a los normalistas y causaron la muerte de dos de ellos, la CNDH emitió una recomendación por violaciones graves a sus derechos humanos.

En ella, el organismo que encabezaba el entonces ombudsman, Raúl Plascencia Villanueva, documentó que por décadas los normalistas deben salir a manifestarse para exigir mejores condiciones.

En una visita que el personal de dicho organismo realizó el 13 de enero de 2012, pudieron observar las malas condiciones en las que se encuentran los dormitorios, sanitarios, comedores y aulas.

La CNDH enfatizó que no se cumplían con los requisitos de higiene y salubridad que permitiera la existencia de un ambiente digno y decoroso para el ejercicio efectivo de los derechos a la educación, protección a la salud, vivienda y desarrollo; por lo que pidió al gobernador Aguirre Rivero atender la situación en la normal de Ayotzinapa; mismas acciones que no cumplió.

En entrevista, José Luis Hernández Rivera, director de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, confirmó que la información que dio el entonces gobernador de Guerrero a la CNDH, no es correcta.

“A la normal le entregaron un camión, no un autobús, y también una camioneta; la beca se aumentó a 50 pesos al día por alumno para su desayuno, comida y cena; sí se entregaron butacas, pero a la red eléctrica todavía le falta… de los balones, machetes y asadores eso si no lo sé”, comenta Hernández Rivera.

El docente que llegó a la dirección de Ayotzinapa en septiembre de 2012 corroboró el problema con los baños. “Vinieron a arreglar la red, pero quedó igual, el agua del baño se estanca en el drenaje porque la constructora no le dio el nivel que se requería”, narra el director.

Explica que con dinero federal se construyó un laboratorio de matemáticas y de idiomas que aguanta sismos de hasta 9 grados de intensidad, el cual costó 3.5 millones de pesos.

El director de Ayotzinapa agrega que el estacionamiento que antes era de tierra fue pavimentado con la mano de obra de los estudiantes y con el material que donó el gobierno municipal, pero “está pendiente la pavimentación del camino que va de la escuela a la carretera”.

¿Al gobierno del estado le estorba Ayotzinapa por su modelo educativo y por eso no le brindan el apoyo suficiente?, se le pregunta.

“Las normales rurales fueron creadas para formar a estudiantes que entregaran su vida si era necesario. Las minorías pueden ser muy fuertes (...) Para algunas autoridades, Ayotzinapa es la conciencia social”, argumenta el director del plantel de Ayotzinapa.