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El Senado aprobó con 110 votos en favor la Ley General de Transparencia, que reglamentará lo establecido en el artículo sexto de la Constitución.

Después de 24 meses y 250 horas de trabajo para crear una iniciativa, los grupos parlamentarios de todos los partidos votaron en favor del dictamen que se discutió en el Senado por más de seis horas.

Manuel Bartlett (PT), votó en contra, y David Monreal (PT), se abstuvo, en la votación general.

El dictamen aprobado ayer por la noche fue enviado para su discusión y, en su caso, aprobación, a la Cámara de Diputados.

El nuevo marco legal, que entrará en vigor de manera escalonada, obliga a transparentar y permitir el acceso a su información a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las entidades federativas y municipales.

Además, estas mismas instancias deberán proteger los datos personales que obren en sus archivos.

Quedó fuera la obligación de publicitar declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, la protección a informantes. La prevalencia de la ley quedó en una redacción que no satisfizo a todos los legisladores y se permitió una redacción genérica que podría dar margen discrecional —acusaron legisladores— al proceso de la Ronda Cero (reforma energética).

Además, de última hora los senadores hicieron cambios que no permitirán conocer información específica de la actual 62 Legislatura de la Cámara de Diputados (como las subvenciones a los grupos parlamentarios), pues en este caso entrarán en vigor las normas hasta el 31 de agosto, fecha en que concluyen sus cargos.

Nuevo instituto

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales cambiará de nombre por el de Instituto Nacional de Transparencia.

El nuevo instituto será cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, que se encargará de coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública de transparencia.

Será integrado por el Instituto Nacional, los organismos garantes de Entidades Federativas; Auditoría Superior de la Federación; Archivo General de la Nación y el Inegi.

Además el actual IFAI podrá “atraer” resoluciones de órganos garantes, cuando sus resoluciones no satisfagan la de los ciudadanos.

Aplazan apertura

A propuesta de los grupos parlamentarios representados en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, el pleno ordenó a la Cámara de Diputados y a la de Senadores aprobar a más tardar el 30 de agosto “un programa de reorganización administrativa” para estar en disposición de cumplir con las “obligaciones genéricas y específicas” de la nueva ley.

Así, el cumplimiento de las nuevas obligaciones del Congreso en transparencia “se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización administrativa”.

La concreción del programa podría llevar al Congreso a hacer posible la transparencia en un plazo indefinido, “pueden ser dos años, tres años o nunca”, alertó el senador del PAN, Javier Corral Jurado, al denunciar en tribuna que “esto lo único que confirma es el desaseo contable, administrativo y financiero con que se manejan en el Congreso los recursos”.

Fin a desencuentros

Pese a esos cambios de última hora, se preservaron los avances negociados durante meses y se frenaron, advirtieron los senadores Corral y Alejandro Encinas, las “propuestas indebidas por parte del Ejecutivo federal” que pretendían acotar las facultades del IFAI.

El Consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, “que anda deambulando por aquí; en diciembre metió una zancadilla al proceso”, acusó Encinas.

Senadores como Laura Rojas, del PAN y el mismo Encinas, así como Pablo Escudero, del PVEM, reconocieron la labor de acompañamiento de las organizaciones no gubernamentales en la elaboración del dictamen.

Legisladores coincidieron en que se fortaleció la fiscalización de los poderes de la Federación, los órganos autónomos, partidos políticos, fondos públicos y de toda persona que reciba o ejerza recursos públicos.