Un grupo de gobernadores, encabezado por un priista del norte del país, prepara algo muy parecido a un motín, pues está en contra de que se apruebe el paquete de leyes anticorrupción, nos comentan.

Los mandatarios, nos dicen, pretenden que el presidente Enrique Peña Nieto los reciba pues no están de acuerdo con la nueva legislación, en especial a lo que tiene que ver con la fiscalización de los recursos públicos.

El desacuerdo principal es que no están dispuestos a que la Auditoria Superior de la Federación fiscalice hasta 92% de los recursos federales que les son entregados.

Actualmente, la ASF solo fiscaliza los recursos de algunos programas federales en los estados, por lo que el resto, que es la gran mayoría de los dineros, es auditado por los órganos estatales, muchos de ellos impuestos por los gobernadores.

Nos aseguran que, pese al derecho al pataleo, los gobernadores no lograrán que la Cámara de Diputados vote mañana mismo la reforma constitucional.

Hoy, los legisladores van dispensar trámites para que este jueves sea aprobada por el pleno y enviada al Senado.

Aún nos falta ver una buena parte de la historia. El primer capítulo: ¿resistirán los senadores la presión de los gobernadores? Y el segundo: ¿pasará en los Congresos estatales la reforma?