El caso Tlatlaya no está cerrado y hay militares en proceso penal para determinar el grado de responsabilidad en la muerte de 12 personas, en hechos ocurridos en junio de 2014 en el Estado de México.

En una vía paralela, nos informan, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas comenzará  la entrega en los próximos días de indemnizaciones, que bien podrían sumar cerca de 100 millones de pesos.

Nos dicen que si bien la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del general Salvador Cienfuegos, entregó en el sexenio de Felipe Calderón indemnizaciones a familiares de víctimas de militares en retenes del Ejército y otros casos, en esta ocasión el monto es mucho mayor, para 13 familias afectadas.

En la actual administración de la Sedena, nos comentan, se ha realizado el compromiso de hacer respetar los derechos humanos, de castigar a quien los viole y de reparar las pérdidas cuando sea legalmente válido.

La comisión aceptó la indemnización de las familias, bajo el argumento de que en Tlatlaya hubo "diversas violaciones a los derechos humanos", mientras los procesos penales en contra de los presuntos responsables están en marcha.

El sistema, está funcionando, nos hacen ver.