Siete años tuvieron que pasar para que el gobierno de México aceptara la necesidad de procesar una Ley General de Desapariciones Forzada, que comenzará a trabajar el jefe Ejecutivo en los próximos meses para enviarla en junio al Congreso, de acuerdo al compromiso adquirido en Ginebra, nos dicen.

Era uno de los reclamos de las organizaciones civiles: la falta de compromiso del Estado mexicano para una legislación de este tipo, a la luz de las miles de desapariciones de personas, principalmente de aquellos que no regresaron a casa por ataques del crimen organizado, pero también por la supuesta participación de las fuerzas federales, incluidos militares, nos comentan.

El antecedente antes de llegar a Ginebra fue el decálogo del presidente Enrique Peña Nieto, después de los hechos ocurridos en Iguala, la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, nos recuerdan.

La promesa del gobierno mexicano se dio ante el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, con la idea de afrontar la problemática y las deficiencias mostradas. La ley es un reto, dijo el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de la cancillería.

En dos días de sesiones, el balance fue positivo para la diplomacia mexicana, nos dicen.

¿Por qué?, se preguntará usted.

Los integrantes de la delegación mexicana -19 para ser exactos- no consideran que estuvieron en un "banquillo" y que fue un "careo" frente a la ONU por las denuncias de desapariciones. La diplomacia dice que fue un diálogo y el compromiso del gobierno mexicano por abordar este tema en la sesión del comité, que por cierto estaba programada antes de los hechos ocurridos en Iguala, en septiembre de 2014, nos comentan.

El Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas dará a conocer sus conclusiones la próxima semana, nos hacen notar.

¿México no fue al banquillo?