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En tan sólo cinco meses, el PVEM acumula 27 quejas electorales por presuntas violaciones a la Constitución y leyes, cometidas con su estrategia propagandística, además de dos denuncias por presunto financiamiento ilegal, lo que podría elevar a montos millonarios sus multas a pagar, y que lo convierte en el partido político con más denuncias en su contra.

La experta electoral Macarita Elizondo Gasperín, ex consejera del Instituto Federal Electoral (IFE), recordó que a final de cuentas las multas se pagan con financiamiento público.

De las 27 quejas, 20 fueron promovidas por varios partidos, entre ellos siete de los 10 con registro; cuatro por el senador del PAN, Javier Corral, consejero electoral del Poder Legislativo, y dos quejas ciudadanas.

La multa por 35.7 millones de pesos aprobada el lunes por la Comisión de Quejas, y que se prevé sea votada hoy por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), derivada de los “cineminutos”, podría ser apenas el inicio de un conjunto de posibles amonestaciones que siguen su curso.

Lo anterior lo confirmó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien explicó que la multa que votarán este viernes es solamente por los “cineminutos” que se desplegaron del 1 de enero al 6 de febrero, que en promedio significa un millón de pesos por día.

De acuerdo con Córdova, todo lo que haya ocurrido en materia de violaciones a la ley desde el 6 de febrero a la fecha será motivo de otros procedimientos sancionadores.

Lluvia de quejas

Una revisión del número y estado de las querellas presentadas ante la Comisión de Quejas del INE señala que el PVEM ha acaparado las denuncias en el actual proceso electoral, derivado de que multiplicó los tipos, modalidades, materiales, medios de difusión y personajes de sus estrategias propagandísticas.

Tan sólo por los “cineminutos”, acumula cuatro quejas, y de ellas fue una la que motivó la multa por 35.7 millones de pesos cuya resolución final podría llegar al Tribunal Electoral.

En 2013, la tercera multa electoral más cuantiosa aplicada a un partido o coalición, después de las que se hicieron acreedores el PRI por el caso Pemexgate (mil millones de pesos) y a la coalición PAN-PVEM (545 millones de pesos) por el de los Amigos de Fox, fue aplicada sólo al PVEM.

Derivado de irregularidades de 2012, se ordenó al PVEM el pago de 194 millones de pesos por su estrategia propagandística de difundirse en televisión a través una revista de espectáculos, pero el Tribunal Electoral federal lo eximió de la sanción.

De acuerdo con el recuento de quejas contra el PVEM, hay dos en materia de financiamiento, interpuestas ante la Unidad de Fiscalización del INE por el PRD y otra por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En ellas se asegura que para el PVEM y su bancada en el Senado hubo tarifas de spots en televisión, además de promocionales en cine demasiado bajas, lo que representaría una presunta aportación en especie, prohibida para las empresas mercantiles.

"Juego al límite"

Córdova reconoció que la campaña del PVEM tiene muchas aristas en materia de quejas y fiscalización, desde identificar el origen de los recursos, la transmisión de “cineminutos” y nuevas quejas “que todavía se están procesando a propósito de la campaña de vales de medicinas, tiene que ver con quejas que se están procesando y medidas cautelares que ya otorgó el Tribunal Electoral que tienen que ver con la campaña “El Verde sí Cumple”, etcétera.

De acuerdo con Córdova, los del PVEM “jugaron en el borde”, y su campaña publicitaria es una especie de “juego al límite”, que se tradujo “o se está traduciendo en la determinación de un acto ilícito, y si bien es cierto que hay muchos criterios, una de las defensas mediáticas es que hay criterios muy oscilantes y que ya nadie entiende hasta donde está el límite de la ley”.

“No voy al cine con mucha frecuencia pero tengo entendido que todavía hoy están transmitiéndose estos promocionales. El procedimiento sancionador que se va a resolver se ocupa solamente del incumplimiento que va durante 36 días, es decir a partir del 1 de enero cuando debieron haber retirado los promocionales y hasta el 6 de febrero; lo posterior será motivo de otro procedimiento sancionador”, dijo.

“Es una sanción que está planteando prácticamente al PVEM de un millón de pesos diarios por incumplimiento de medidas cautelares”, añadió.

Reincidencias

Macarita Elizondo y Carla Humphrey, ex consejera del Instituto Electoral del DF, coincidieron en que la autoridad tiene que proteger la equidad y fijar multas que considere.

Elizondo, experta en justicia electoral y constitucional, dijo por ello que el PVEM tiene que revalorar su estrategia, pues de lo contrario hay riesgo de que se acumulen las reincidencias y con ello las sanciones. Sin embargo recordó que por ley la autoridad no puede afectar financieramente al grado de poner en riesgo su participación electoral.

En el caso del PVEM, indicó, con o sin multa, “el daño está hecho”.

Para Humphrey, dado lo novedoso del Procedimiento Especial Sancionador (PES) con la reforma electoral aún están por verse las gamas de sanciones a aplicar en irregularidades.

prv