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El relator de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan E. Méndez, consideró que en México la tortura “tiene una situación generalizada” y tiene características de “una especie de endemia que es nesario corregir” .

Indicó que esta situación es inaceptable, pero que las autoridades pueden combatirla y erradicarla del sistema de justicia.

“Me hubiera gustado poder decir que la tortura es aislada en México”, afirmó el relator al presentar sus conclusiones preliminares en una conferencia de prensa, pero dijo que su obligación es alertar que hay en el país “una especie de endemia de la tortura que hay que corregir”.

El relator concluyó su visita a México después de 12 días de estancia, en la que recorrió prisiones, centros de internamiento, estaciones migratorias y hospitales psiquiátricos en el Distrito Federal, Nuevo León, Baja California, Chiapas y Nayarit.

El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que la administración del presidente Enrique Peña Nieto “ha dado pasos firmes para garantizar la protección de los derechos humanos” y que una de sus prioridades es la erradicación de la tortura.

Prueba de ello, aseguró, es la disminución notable de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como resultado también de una disminución importante en las quejas presentadas ante ese órgano.

Al respecto, en conferencia de prensa y después de exponer sus observaciones preliminares a funcionarios federales en la Cancillería, Juan E. Méndez consideró que la reducción de las denuncias por tortura puede deberse a diversos factores como un éxito en la política pública, pero también puede ocurrir que las víctimas tengan menos confianza en las autoridades para revelar su situación.

Indicó que el común denominador en las denuncias por tortura es la impunidad, pues sólo tuvo conocimiento de tres condenas contra los responsables en varios años y de la aplicación de penas menores tomando en cuenta la gravedad de esta práctica.

Señaló que la mayor parte de los casos de tortura ocurren en los primeros momentos de la detención.

El experto dijo que aunque se ha reducido la militarización en el país, aún le preocupa la incorporación de miembros del Ejército en las corporaciones civiles de seguridad.

En cuanto a la situación de los penales y centros de internamiento, Juan E. Méndez consideró preocupante que persista el hacinamiento, la aplicación arbitraria de sanciones disciplinarias y los abusos contra mujeres. Citó que en el centro de internamiento para adolescentes infractores de Monterrey, Nuevo León, encontró que los internos son encerrados hasta por 22 horas al día en su celda y esposados, y que son obligados a practicar ejercicios en exceso como forma de castigo.

Dijo que el informe final de su visita a México espera darlo a conocer este mismo año o en marzo de 2015 durante las reuniones del Comité contra la Tortura de la ONU. Al respecto, Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aceptó que la tortura “no está completamente erradicada” y que el avance en los estados del país no es homogéneo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que el riesgo de cometer este delito se da, sobre todo, en los momentos y horas posteriores a la detención, no cuando las personas se encuentran ya cumpliendo alguna pena. “México debe estar ocupado en atender estas recomendaciones y seguir avanzando en la procuración de justicia y respeto por los derechos humanos, el relator entregó 900 causas de tortura, que ya se están tramitando ante la Procuraduría General de la República (PGR), ahora ya tenemos reformas legales, como las modificaciones al Código de Justicia Militar que estaban atoradas desde 2009”.

Añadió que se debe avanzar en mejores políticas públicas y en la tipificación del delito acorde con el estándar internacional, “desgraciadamente en México tenemos 33 leyes de tortura, una federal y 32 estatales, y no todas coinciden en la designación del delito”.

Gómez Robledo afirmó que durante esta administración se aplicará una política de “tolerancia cero” ante la tortura y se buscará que se sancione a los responsables.

“La tortura es un delito que no prescribe, porque es de gran gravedad, todo esto es parte del tránsito del sistema inquisitorio al sistema acusatorio”.

Agregó que se trabaja para erradicar la tortura y que todas las recomendaciones hechas por la ONU se incluirán en el Programa Nacional de Derechos Humanos que se presentará en los próximos meses.