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En el despliegue de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad fronteriza no hay marcha atrás, respondió ayer el gobierno de Texas a las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de que dicha acción “no sólo es desagradable, sino yo creo que es condenable”.

El mandatario mexicano en entrevista con el periodista Jacobo Zabludovsky dijo que los pasos dados por el gobernador texano Rick Perry no se inscriben en el espíritu de cordialidad y amistad que debería existir entre países vecinos.

“Me parece que esta actitud es completamente reprobable y tampoco resuelve un problema al que tenemos que hacerle frente de manera conjunta”, expresó.

EL UNIVERSAL solicitó una declaración al gobernador de Texas sobre lo dicho por Peña Nieto, y su oficina de prensa contestó que seguirán trabajando con el gobierno de México en el tema migratorio, pero agregó que sus “fronteras no deben estar abiertas y vulnerables a la explotación de criminales despiadados”.

Lucy Nashed, secretaria de prensa de Perry, agregó que el gobernador está enfocado en asegurar que los cárteles de la droga y otros criminales no tengan paso libre en Texas y el resto de la nación.

El 10 de septiembre pasado, justo cuando la oficina del gobernador Perry hizo público el despliegue de los primeros elementos de la Guardia Nacional de Texas, México emitió un comunicado en el que acusó al gobierno texano de ser irresponsable al manipular el estado actual de la seguridad fronteriza con fines políticos. Perry es identificado como uno de los posibles aspirantes por el partido Republicano a la presidencia en 2016.

“La medida emprendida de manera unilateral por el gobierno de Texas es indudablemente errónea y no contribuye a los esfuerzos que nuestros países llevan a cabo para construir una frontera segura y una solución al fenómeno migratorio. Tampoco abona al acercamiento de nuestras sociedades y se opone a los principios y valores sobre los que México y Estados Unidos rigen su relación bilateral”, manifestó la Secretaría de Relaciones Exteriores en ese boletín de prensa.

En un tono más fuerte, el vicegobernador de Texas, David Dewhurst, consideró como desconcertante y ofensivo que en el marco del aniversario número 13 del atentado más trágico a su patria (9/11), México haya llamado a Texas a abrir sus fronteras a la migración ilegal, el tráfico de drogas y de humanos y potencialmente a terroristas que desean dañar a Estados Unidos.

“Es también un insulto la afirmación de que proteger a los texanos tiene fines políticos, cuando mis compañeros y yo hemos tenido que destinar 800 millones de dólares de los impuestos de Texas para comprar aviones, helicóptero y lanchas rápidas para asegurar nuestra frontera porque el gobierno responsable de ello simplemente evita cumplir con su obligación”, afirmó.

En Washington, el congresista demócrata Henry Cuéllar dijo estar de acuerdo “con el presidente Peña Nieto de que tenemos que tomar medidas para asegurar que el río Bravo sea un lugar que una a Estados Unidos y a México como dos países, en lugar de servir como una línea divisoria”.

Y también aprovechó para desmarcar al Congreso de la decisión de enviar a la Guardia Nacional, atribuyendo la completa responsabilidad al gobernador de Texas.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mexicano, Gabriela Cuevas, dijo que el gobierno de este país debería pasar de las palabras a los hechos y aplicar trabas económicas a Texas.

La panista dijo que los empresarios que están financiando a Perry son también los más interesados en la reforma energética de México.