El mexicano Ramiro Hernández Llanes será ejecutado en Texas el próximo 9 de abril, luego de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos rechazó este lunes revisar una apelación interpuesta por sus abogados.

La Suprema Corte allanó el camino para que Hernández Llanes se convierta en el décimo mexicano en recibir la pena de muerte en Estados Unidos desde que este país reactivo la aplicación del castigo capital en 1976.

El equipo de defensa del mexicano solicitó al máximo tribunal del país revisar el caso al argumentar que Hernández Llanes padece de sus facultades mentales, lo que lo haría inelegible para la aplicación del castigo capital.

Los abogados defensores argumentaron que su coeficiente intelectual es menor a 70 puntos, lo que lo coloca como un discapacitado mental inelegible para la pena de muerte.

La defensa también sostuvo en la apelación que su cliente no recibió una defensa legal apropiada durante el juicio en su contra por el asesinato de Glen Lich, un ranchero del Condado de Kerr, al noroeste de San Antonio, el 15 de octubre de 1997.

Hernández Llanas, de 44 años, originario de Nuevo León, en el norteño estado mexicano de Tamaulipas, trabajaba para Lich como ayudante cuando irrumpió en la casa del ranchero de 49 años y lo mató con una barra de hierro.

Según el reporte de la policía que investigó el homicidio, Hernández atacó luego a la esposa de Lich y la violó.

El crimen despertó la indignación de los residentes del Condado de Kerr, un área rural escasamente poblada, de forma que los abogados defensores de Hernández promovieron que su juicio fuera trasladado a otra jurisdicción para que se pudiera escoger a un jurado que no estuviera influenciado por el incidente.

El proceso contra Hernández Llanes fue trasladado al condado de Bandera, donde en el año 2000 un jurado lo declaró culpable de homicidio capital y lo sentenció a la pena de muerte.

Los miembros del jurado deliberaron sólo cinco minutos para determinar que debía ser sentenciado al castigo capital.

Hernández Llanes es otro de los 51 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos que están amparados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) , que ordena a Estados Unidos revisar todos esos casos pues en sus detenciones y juicios se violaron sus garantías como ciudadanos extranjeros.

El mexicano recibió la fecha de ejecución en enero pasado tras haber agotado sus recursos ante las cortes federales y estatales.

Ahora solo le resta como opción apelar a que la Junta de Perdones y Libertades de Texas emita una recomendación al gobernador Rick Perry para que se posponga su ejecución.

La junta sólo ha emitido en los últimos 15 años un par de recomendaciones de posposición de ejecuciones.

jlr