El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, solicitó al gobernador del Estado de Texas, Estados Unidos de América, Rick Perry, la suspensión de la pena de muerte decretada contra el mexicano Ramiro Hernández Llanas para el 9 de abril próximo, y que se conmute la sentencia impuesta, por otra de prisión.

En una carta dirigida a Perry, el ombudsman nacional señaló que para las  instituciones encargadas de la protección y defensa de los derechos humanos, la vida representa el bien jurídico más valioso y que las naciones tienen la obligación de su más absoluta protección.

Ramiro Hernández Llanas fue detenido el 15 de octubre de 1997 acusado del homicidio de Glen Lich, un ex profesor de la Universidad de Baylor y de Winnipeg y dueño de un rancho en Kerneville, Texas. La esposa de Lich asegura que el mexicano fue el autor del asesinato. La defensa argumenta que el connacional padece de sus facultades mentales.

Plascencia Villanueva también envió un escrito a la Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado de Texas, en el que recuerda que el  31 de marzo de 2004, la Corte Internacional de Justicia determinó que se violó en perjuicio del señor Ramiro Hernández Llanas, el derecho de notificación y asistencia consular que previene el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, dentro del juicio  conocido como “Caso Avena”.

La CNDH cuenta con el Programa contra la Pena de Muerte de Mexicanos en el Extranjero, que verifica que los connacionales reciban asistencia consular y jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En la actualidad, da seguimiento del estado procesal de 63 casos de mexicanos sentenciados a la pena capital, 60 en Estados Unidos y tres en Malasia.

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