Indígenas de San Miguel de Aquila y la Ruana en Michoacán pidieron a la Procuraduría General de la República desistirse en contra de 22 guardias comunitarias presos actualmente en cárceles de la entidad y Veracruz por utilizar armas de uso exclusivo del Ejército para defender sus comunidades del crimen organizado.

Guadalupe Díaz, quien es representante de la comunidad de San Miguel Aquila, dijo que tan sólo de ahí son 19 los que aún están presos y en total son 42 que enfrentan un proceso, por quienes piden se eliminen los cargos al considerar que hacían lo mismo que han hecho las autodefensas que actualmente conviven armadas con las fuerzas federales en varios municipios de Tierra Caliente, Michoacán.

"El 14 de agosto (de 2013) fueron detenidos en un operativo conjunto del gobierno estatal, militares y la fuerza armada. Están acusados de acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y 16 están ahora presos en un penal de Perote, Veracruz y otros tres en Morelia", expuso Guadalupe Díaz.

Señaló que actualmente la comunidad de San Miguel Aquila se encuentra desarticulada y que el crimen organizado "ha vuelto a las andanzas".

Resaltó que la gente decidió levantarse contra el crimen organizado, porque como en todos los casos de estos en Michoacán, la gente ya estaba harta de los abusos , pues tan solo en extorsiones, en cuotas que tenían que pagar 401 comuneros, su sumaron 27 millones de pesos entre 2008 y 2012. Cada uno tenía que pagar mensualmente dos mil pesos.

Durante una conferencia de prensa a la que asistieron Francisco Jiménez Pablo y Wilfrido Hernández, dirigentes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) Movimiento Nacional, el abogado de los comuneros, Sandino Rivero, dijo que "si el gobierno federal quiere dar una salida, una respuesta a esta situación, sería empezar porque se desista el procurador general de la República (Jesús Murillo Karam) de la acción penal en el caso de Aquila".

"Si en este momento (el 14 de agosto de 2013) los detuvieron, y si estuvieran armados después de cinco meses, no hubieran sido detenidos, tan es así que el gobierno federal en un dialogo franco está invitando a la gente que incluso está armada, que se una al Ejército, a la policía".

Sandino Rivero insistió en que la petición más importante al Poder Judicial de la federación es que garantice los derechos humanos vulnerados a los procesados y decrete su libertad por la vía de los recursos de apelación interpuestos contra los autos de formal prisión, los que están próximos a resolverse.

En este marco, Wilfrido Hernández anunció la realización de una jornada de lucha denominada "Por el restablecimiento del pacto social emanado de la Revolución de 1910", en la que piden la libertad y justicia por presos políticos en varios estados del país, la cual se llevará acabo del 28 al 31 de enero en al ciudad de México, que concluirá con la participación de varias organizaciones en una movilización a la que asisten organizaciones campesinas, sindicales y sociales, sobre diferentes temas, como la oposición a las reformas estructurales y para criticar la política del gobierno federal actual y la situación de violencia que se vive, principalmente en Michoacán.

cg