La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR una denuncia en contra de empresarios ligados al programa Enciclomedia, durante el sexenio del ex presidente Vicente Fox.

Tras una auditoría que inició en 2007, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que a través de las empresas Integradores de Tecnología, It Arrendadora e Interconecta, que conforman Grupo Altavista, el empresario Ricardo Alberto Orrantia Cantú justificaba supuestos gastos ante la SEP.

Mediante simulaciones de contratos por supuestos bienes y servicios que nunca se presentaron ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la alteración de registros contables y falsificación de documentos de contribuciones fiscales, habría defraudado por alrededor de 223 millones de pesos.

Así, en su resolución 500-74-04-02-04-2010-5443, emitida el 26 de marzo de 2010, el SAT detectó la falta de documentos que acreditaran el pago entre las empresas de Grupo Altavista y terceros por el proyecto Enciclomedia.

En este contexto, la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó la denuncia correspondiente, que derivó en la averiguación previa UEIDFF/M08/51/2013.

Ello, de acuerdo con el oficio 529-V-DGDF-553/2014 de la procuraduría, firmado por el entonces director general de Delitos Fiscales, Edgar Manuel Bonilla del Angel, que refiere:

“Sobre el particular me permito hacer de su conocimiento que después de haber analizado las circunstancias que obran en la Acta Circunstanciada de referencia, esta unidad administrativa considera que es necesario que esa Representación Social de la Federación agote las diligencias que estime pertinentes con la finalidad de hacerse llegar de mayores elementos a efecto de que esta Dirección General, previo estudio de los mismos, y de ser el caso, proceda a ejercer el requisito de procedibilidad de conformidad con el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación” .

La última investigación hacia las empresas de Ricardo Alberto Cantu Orrantia se originó a través de una denuncia ciudadana presentada ante el Órgano Interno de Control en la SEP, en julio de 2013.

Desde febrero de 2012, la Auditoría Superior de la Federación solicitó a Grupo Altavista la devolución de cien millones de pesos, que se tenían que destinar a consumibles –toner para impresoras-, que no se entregaron pero si se cobraron.

Asimismo, presentó documentación falsa en la Licitación Pública Internacional SEP-INT-035/95 consistente en dos certificados ISO-9000, según la determinó la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal en aquel entonces de la SECODAM.