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Senadores del PRI, PAN, PRD y PT presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para crear la ley general para la prevención y atención de la violencia escolar que sanciona con una amonestación pública y hasta cinco mil días de salario a los padres, tutores o maestros que permitan, toleren, inciten actos de violencia en el entorno escolar.

También se castigará con 5 mil días de salario mínimo, clausura de la institución, suspensión del puesto o inhabilitación por cinco años a las autoridades o educadores que no tomen las medidas para prevenir o atender incidentes de violencia.

De acuerdo con la iniciativa —que fue turnada a las comisiones de Educación, Estudios Legislativos y Derechos Humanos—, se prevé que en el caso de agresiones en el entorno escolar se canalizará para su atención sicológica, tanto al agresor como a los integrantes de su entorno familiar.

Ello, para que reciban terapia integral para el tratamiento y eliminación de conductas violentas. Además, se prevé que los padres de familia tomen talleres para la sensibilización y concientización de los daños que ocasiona la violencia ejercida en contra de cualquiera de los miembros de la comunidad escolar.

La iniciativa señala que en caso de la realización de actos de violencia que sean constitutivos de un delito, se deberá poner el hecho en conocimiento de las autoridades correspondientes.

En el caso de incidentes de violencia en el entorno escolar que pongan en riesgo grave los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Comité para la Convivencia Escolar o las autoridades deberán tomar las previsiones para salvaguardar sus derechos fundamentales.

Ello, sin perjuicio de comunicar inmediatamente a las madres, padres de familia o tutores el incidente y solicitar de forma inmediata la actuación de las instancias que correspondan.

Las autoridades que intervengan estarán obligadas a salvaguardar los derechos de los menores y adolescentes, en especial, los de intimidad, privacidad, presunción de inocencia y normal desarrollo, así como reserva de sus derechos personales.

En tribuna, Mariana Gómez del Campo (PAN), quien junto con Mario Delgado (PRD) dieron a conocer la iniciativa el pasado lunes, dijo que lo que busca primero es llenar el vacío legal que hoy fomenta tanto al bullying como a la impunidad.

“El énfasis de la ley está en la prevención. Hay que prevenir que ocurran hechos de violencia en lugar de reaccionar y lamentar una vez que ya se produjeron daños. Estamos proponiendo un nuevo modelo educativo, donde los alumnos tengan derechos pero también obligaciones”, dijo.

La senadora Angélica de la Peña celebró que el Congreso debata este tema, pero expresó su preocupación porque el acoso y la intimidación pueda dar la impresión de que es un tema de la justicia, salvo cuando se está frente a una afrenta, a un ordenamiento penal, por lo que es muy importante dirimirlo.

“El tema tiene que ver con una violencia estructural… Entonces, hay que verlo de manera integral, autoridades que no pueden eludir su responsabilidad, padres, madres, sociedad, y por supuesto instancias desde la propia educación que tienen que triangular y siempre teniendo en el centro a la niña, al niño, al adolescente.

Omar Fayad (PRI) dijo que no se trata de criminalizar las conductas infantiles o de autoridades, sino que la ley se basa en criterios y principios desde la perspectiva de una cultura de paz.