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El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas, con el fin de obtener menores costos e incrementar los mecanismos de eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en el manejo de los recursos públicos.

Tras confiar en que los legisladores enriquecerán y aprobarán la iniciativa, dijo que reglas claras, sencillas y eficaces permitirán acelerar el desarrollo de los grandes proyectos que requiere el país para elevar su productividad y ser más competitivo.

La iniciativa contempla, con el objeto de asegurar la legalidad de los procedimientos de contratación pública, nuevos tipos administrativos para sancionar a los licitantes, contratistas y servidores públicos que evadan el cumplimiento de la ley.

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que entre enero y septiembre de 2014 se han destinado 638 mil millones de pesos a inversión física, es decir 132 mil millones de pesos más que en el mismo periodo de 2012, lo que representa un incremento en términos reales de 26%.

“El objetivo es facilitar la contratación y ejecución de las obras públicas, agilizando los procedimientos y garantizando que los recursos se administren, como lo mandata la propia ley, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, tal y como lo señala el artículo 134 Constitucional”, dijo el Presidente.

En la residencia oficial de Los Pinos, indicó que para elaborar esta iniciativa se tomaron en cuenta la experiencia y las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de contratación de obra pública.

La iniciativa plantea tres elementos: nuevos mecanismos para la evaluación y gestión de proyectos; nuevas medidas para incrementar la eficiencia, eficacia y transparencia en la contratación y ejecución de obras; y medidas adicionales para brindar mayor certeza jurídica a los participantes.

El Presidente argumentó que además contempla dos importantes elementos en favor de la economía nacional pues fomenta la formalidad, ya que las dependencias que hayan licitado obra pública deberán notificar al IMSS cualquier irregularidad en materia de seguridad social.

Además —detalló el Ejecutivo— prevé que en igualdad de condiciones las dependencias y organismos públicos deberán optar por personas físicas y empresas mexicanas en la adjudicación de las obras.

Sobre los nuevos mecanismos para la evaluación y gestión de proyectos, dijo que se incorpora la figura de “análisis comparativo del costo de ciclo de vida”, con lo que las dependencias podrán elegir el mejor proyecto, considerando no sólo su costo inicial, sino también el de mantenimiento durante la vida útil de la obra; la figura de Proyecto de Magnitud o Alcance Relevante, para que los megaproyectos cuenten con un instrumento de gestión especializada acorde con su complejidad y elevada inversión”.

Frente a integrantes de su gabinete legal y ampliado, así como legisladores federales, indicó que la iniciativa incorpora además la figura de Gerencia de Proyecto, la cual fortalece la planeación, organización y ejecución de una obra determinada, a fin de cumplir con su propósito social, dentro de los tiempos, costos y estándares de calidad establecidos.