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Identificar y dar seguimiento a los sentenciados de alto impacto que abandonan la cárcel, reforzar las fronteras con mayor presencia policial, instalar cinco centros de inteligencia regional en el país en el combate a los delitos —para privilegiar la investigación por encima de la fuerza—, golpear las estructuras medias del crimen organizado, así como crear cinco nuevas academias policiacas, y mejorar los salarios y prestaciones de los policías, forman parte de las acciones de la nueva estrategia de seguridad del gobierno federal.

El Programa Nacional de Seguridad Pública 2014- 2018, aprobado por el Ejecutivo federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece así seis ejes estratégicos para revertir el escenario de crisis en materia de seguridad al que se enfrentó el sexenio anterior, en el que los delitos de alto impacto, como homicidio, secuestro y extorsión, en general, tuvieron un incremento de 93% entre 2006-2012, y en el que la violencia se recrudeció por las operaciones del crimen organizado y debilitó a las instituciones.

Los ejes prioritarios de la estrategia son: consolidar una coordinación efectiva para el diseño, implementación y evaluación de la política de seguridad pública entre los tres órdenes de gobierno; reducir la incidencia de los delitos con mayor impacto en la población, así como los ilícitos vinculados a la “economía ilegal”.

Asimismo, desarrollar en las instituciones de seguridad pública esquemas de proximidad y cercanía con la sociedad para obtener información a través de “inteligencia social”; fortalecer las capacidades de las instituciones policiales y el sistema penitenciario nacional y el especializado en menores de edad que infringen la ley penal.

Entre los aspectos novedosos del programa, se plantea romper el vínculo de los internos con organizaciones delictivas al interior y exterior de los centros penitenciarios, para lo cual se establecen como líneas de acción “integrar información, coordinación y aplicación de inteligencia para identificar y dar seguimiento al sentenciado de alto impacto liberado”, así como usar tecnologías para el seguimiento de sentenciados liberados anticipadamente por beneficios de ley.

La estrategia también apuesta al “uso de inteligencia por encima de la fuerza”, por lo que se fusionará la información, “lo cual se logrará con la instalación de cinco centros regionales de inteligencia, en apoyo a las tareas de seguridad pública de las entidades federativas”.