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La estrategia que el gobierno federal aplicará para los sentenciados por delitos de alto impacto que sean liberados generó opiniones encontradas entre organizaciones civiles.

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, consideró que el seguimiento a las personas sentenciadas por delitos de alto impacto que fueron liberadas es una medida acertada para evitar que sigan cometiendo ilícitos, ya que se ha demostrado que la mayoría de ellos vuelven a reincidir.

Indicó que sí hay voces que podrían oponerse argumentando que se violan sus derechos humanos las respeta, pero “ellos son los que violaron los derechos humanos de la sociedad”.

En contraste, Édgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, considera que dicha estrategia es contraria al marco jurídico y al objetivo del sistema de justicia penal porque el deber del Estado es garantizar la reinserción social de los reclusos una vez que hayan cumplido sus condenas y no encargarse de sus proyectos de vida pensando que sólo así serán buenas personas.

Indicó que cuando una persona comete un delito debe ser juzgada y si es encontrada culpable debe cumplir una sanción, pero una vez que ésta concluye, acaba el proceso.