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A una semana de que se cumpla la ejecución del mexicano Ramiro Hernández Llamas —programada para el 9 de abril en Texas—, el gobierno de México acusa que Estados Unidos está violando flagrantemente el fallo Avena, por lo que analiza las vías de acción internacionales que tomará; por el momento, se ha aliado con la Unión Europea en una campaña que busca la abolición de la pena capital.

El embajador Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en una entrevista con EL UNIVERSAL que concedió en días pasados, reveló que en este tema hay un equipo interinstitucional que trabaja en la estrategia para hacer valer los derechos de México, además de que “todo lo que podamos hacer para avanzar en la dirección de la abolición, vale la pena explorarlo”.

El diplomático no sólo es experto en el tema, formó parte del equipo que llevó a litigio a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en 2004 le concedió la razón a México y ordenó en el llamado fallo Avena que el gobierno estadounidense revisara cada una de las condenas de pena capital de 51 mexicanos a quienes se les violaron sus derechos, ante irregularidades en sus procesos, como la falta de notificación consular para ser asistidos legalmente por su gobierno.

Gómez Robledo indicó que en 2008 la CIJ reafirmó que le “exige a Estados Unidos no sólo hacer sus mejores esfuerzos, sino una obligación de resultados, y además otorgó nuevamente medidas cautelares en favor de los sentenciados; por lo tanto, cada ejecución, las tres que se han llevado a cabo hasta ahora, han sido en violación flagrante del fallo y de las medidas cautelares que ha dado la Corte”.

En un claro incumplimiento de la resolución, en Texas han sido ejecutados los mexicanos Jorge Ernesto Medellín Rojas, en 2008; Humberto Leal García, en 2011, y Édgar Tamayo Arias, en enero de este año. Mientras que el 9 de abril está programada la muerte de Ramiro Hernández Llamas.

Por ello, el embajador indicó que “estamos evaluando otras instancias, otras vías de acción, hay todo un grupo interinstitucional trabajando en ello, no puedo dar más detalles, pero sí estamos buscando otras vías para hacer valer los derechos de México”. De hecho, el 20 de marzo pasado el titular de la SRE, José Antonio Meade, denunció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el desacato de Estados Unidos.

Destacó que “la Unión Europea es un gran aliado en este tema, ha hecho gestiones directamente en Washington, en Texas, como parte de una campaña más amplia para la abolición de la pena de muerte, en la que estamos también muy asociados”.

Dijo que la Unión Europea decretó un embargo a la exportación hacia EU de la sustancias que permiten fabricar las dosis de la inyección con la que se ejecuta a un condenado, “y es un tema que está cobrando importancia porque en los estados de la Unión Americana donde todavía existe la pena capital, ya no están encontrando en el mercado legal estas sustancias, se les están agotando sus reservas y hay la duda de si están recurriendo a un mercado no legal, para comprar quién sabe qué sustancias”.